Una reciente decisión del sistema judicial estadounidense ha dejado en el aire una normativa que podría haber impactado significativamente la atención geriátrica en el país.

Un juez federal en Texas, Matthew J. Kacsmaryk, designado por el expresidente Donald Trump, desestimó una regla del gobierno de Biden que hubiera obligado a la mayoría de las residencias de ancianos a aumentar su personal para cumplir con un umbral mínimo de atención.

Esta normativa, que fue finalizada el año pasado, buscaba establecer ratios mínimos de personal en los hogares que cuidan a personas mayores y con discapacidades.

Los propietarios de residencias argumentaron que la regla era demasiado exigente y podría llevar incluso al cierre de muchas instalaciones, afectando así a los ancianos y a sus familias.

Clif Porter, presidente de la Asociación Americana de Atención Médica (AHCA), expresó que esta normativa amenazaba con desplazar a personas vulnerables y que la decisión del juez no solo reafirma el equilibrio de poderes, sino que también protege el acceso a la atención para la población mayor.

Por otro lado, Katie Smith Sloan, presidenta de LeadingAge, una organización que representa a residencias de ancianos sin fines de lucro, argumentó que la imposición de tales mandatos no aborda las cuestiones de financiación y suficiencia de la fuerza laboral.

Ella señaló que, en lugar de imponer estrictos requisitos, sería más productivo discutir cómo mejorar el financiamiento y la disponibilidad de personal capacitado.

El trasfondo de esta discusión es crucial, especialmente considerando que durante la pandemia de COVID-19, más de 200,000 residentes de hogares de ancianos y personal fallecieron, lo que generó una gran preocupación sobre las condiciones de atención en las residencias.

En este contexto, la administración Biden había defendido la necesidad de la regla para prevenir negligencias y retrasos en la atención, situaciones que se volvieron comunes durante la crisis sanitaria.

Los opositores a la normativa, sin embargo, sostienen que el sector de las residencias de ancianos ya enfrenta desafíos significativos para atraer y retener personal, y que la nueva regla habría creado estándares poco realistas.

La AHCA considera que este tipo de mandatos son soluciones del siglo XX que no se adaptan a la realidad actual del sector.

Es importante señalar que la discusión sobre la atención geriátrica no es nueva. Desde mediados del siglo XX, ha habido un debate constante sobre cómo mejorar la calidad de vida de los ancianos y garantizar que reciban la atención adecuada.

A medida que la población envejece, la presión sobre el sistema de atención aumentará, lo que hace de este un tema que merece atención urgente.

Con el futuro de la normativa en suspenso, muchas familias continúan preocupadas por el bienestar de sus seres queridos en residencias de ancianos. La decisión del juez Kacsmaryk podría tener repercusiones significativas en la forma en que se estructuran y regulan estas instituciones en el futuro.

La comunidad espera que el gobierno y las organizaciones del sector lleguen a un consenso que priorice tanto la calidad de la atención como la sostenibilidad de las residencias.