Los fondos de donante asesorado, conocidos como DAFs, se han convertido en una herramienta popular para canalizar donaciones y obtener una deducción fiscal inmediata, al tiempo que permiten diferir las distribuciones a causas caritativas.

Sin embargo, un litigio reciente en Estados Unidos pone de relieve los posibles riesgos de gobernanza y control que pueden acompañar a este instrumento.

En Colorado, en enero, Philip Peterson, de 63 años, presentó una demanda contra la WaterStone Community Foundation, que administra un DAF familiar.

La queja sostiene que, desde principios de 2024, la organización habría dejado de comunicarse con el donante y de ejecutar las donaciones que él recomendaba.

En aquel momento, el valor del DAF familiar se estimaba en alrededor de 19,3 millones de euros, según documentos judiciales y estimaciones basadas en el tipo de activos.

WaterStone afirmó que ha seguido las voluntades del donante y señaló que la parte demandante no es el donante. La organización añadió que no comentaría el caso más allá de los comunicados públicos y que la disputa está sujeta al proceso judicial en curso.

Las reglas que rigen los DAFs establecen que las contribuciones son irrevocables y no reembolsables. El patrocinador del DAF mantiene la propiedad y el control de los activos aportados y de las ganancias, y decide si aprueba o deniega las donaciones recomendadas.

Los donantes suelen no tener un derecho legal para forzar donaciones, controlar inversiones o fijar el momento de la distribución. Además, el patrocinador puede restringir, suspender o terminar privilegios de asesoría. Estas condiciones responden a la exigencia fiscal de la deducción inmediata a cambio de renunciar al control, según análisis citados por la literatura jurídica del sector.

Desde una perspectiva histórica, varios fallos judiciales han reforzado el poder de los patrocinadores en disputas. En 2009, un tribunal respaldó el uso de 25 millones de dólares (aproximadamente 23 millones de euros) del National Heritage Foundation para pagar acreedores tras la quiebra de la organización.

En 2021, Fidelity Charitable Donor Advised Fund enfrentó una demanda relacionada con la gestión de acciones aportadas por un donante y vendidas, pese a promesas de no hacerlo sin indicación.

En ese mismo año, Schwab Charitable Fund no fue objeto de una demanda por decisiones de inversión que supuestamente habrían generado tarifas más altas para el DAF, y el donante renunció al control legal de sus activos.

Aun así, el caso Peterson podría no encajar en esas categorías anteriores. A diferencia de fallos previos, la demanda actual se centra en un acuerdo de asesoría que concede derechos de recomendación al donante o a su representante, lo que podría influir en la interpretación de esas prerrogativas, según expertos consultados.

El incremento de la adopción de DAFs es notable: el número total de cuentas alcanzó 3,56 millones en 2024, según la Donor Advised Fund Research Collaborative, lo que subraya la popularidad de estas herramientas para filantropía y planificación fiscal, pero también aumenta la presión para una mayor transparencia y rendición de cuentas.

La sentencia sobre el caso Peterson podría, presuntamente, influir en cómo se interpretan y aplican estas prerrogativas de asesoría en el futuro. Mientras tanto, los donantes y los asesores aconsejan informarse a fondo sobre los derechos y las limitaciones de cada patrocinador antes de abrir un DAF, para evitar sorpresas en la gestión de sus aportaciones.

En resumen, aunque los DAFs siguen siendo atractivos para quienes buscan optimizar su carga fiscal y facilitar la filantropía, este litigio destaca que existen riesgos y límites que conviene entender antes de comprometerse con este formato.