Muchos lectores confunden el impuesto de sucesiones con el de herencias. En términos simples, el primero grava la transferencia de los bienes del fallecido, mientras que el segundo afecta a lo que reciben sus herederos y depende del estado donde vivía la persona fallecida.

En Estados Unidos, el gobierno federal aplica un impuesto sobre el patrimonio, y algunos estados pueden imponer uno u otro, o ambos, con reglas y umbrales distintos.

A nivel federal, la tasa varía entre el 18% y el 40% según el monto que supere el umbral de exención vigente. En 2025, ese umbral es de 13,99 millones de dólares por persona (aproximadamente 12,87 millones de euros al tipo de cambio actual), y en 2026 sube a 15 millones de dólares (aproximadamente 13,80 millones de euros).

En la práctica, la mayoría de las personas no llega a pagar este impuesto porque sus patrimonios permanecen por debajo de esos límites.

Datos históricos y fiscales ayudan a entender el panorama. Supuestamente, en 2023 solo se presentaron unas 9.024 declaraciones federales de impuesto sobre el patrimonio, y de ellas solo alrededor del 40% fue realmente gravable; la recaudación estatal y federal sumó, al cambio actual, algo más de 40.9 mil millones de euros. Estas magnitudes muestran que, para muchas familias, el peso del impuesto depende más del lugar de residencia que del tamaño exacto de su patrimonio.

A nivel estatal, la situación varía notablemente. Los estados que mantienen un impuesto de sucesiones (estate tax) incluyen Connecticut, Distrito de Columbia, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington.

Por su parte, cinco estados imponen un impuesto de herencias (inheritance tax): Kentucky, Maryland, Nebraska, Nueva Jersey y Pensilvania. Curiosamente, Maryland es el único estado que aplica ambos impuestos simultáneamente.

Existen estrategias para reducir o evitar estas cargas, aunque deben planificarse con cuidado y asesoría profesional. Supuestamente, una opción es gestionar los activos antes del fallecimiento para aprovechar exenciones o reducir el tamaño del patrimonio sujeto a impuesto.

Por ejemplo, cada año se puede realizar una donación libre de impuestos hasta ciertos límites: en 2025 y 2026, la exclusión anual de donaciones es de 19.000 dólares por destinatario (aproximadamente 17.480 euros). Estas donaciones se suman a la exención vitalicia de patrimonio y pueden reducir la factura final.

Moverse a un estado sin impuestos de sucesiones o de herencias también podría disminuir la carga, aunque en la práctica la exención federal puede seguir aplicándose si el patrimonio excede los umbrales.

Otra herramienta, mencionada con frecuencia, es crear un fideicomiso irrevocable, que puede separar parte de los activos de la herencia fiscal y, en ciertos casos, evitar la aplicación de impuestos sobre la transferencia.

No obstante, la implementación de estas estructuras exige planificación y conviene revisarla con un asesor para evitar sorpresas.

A nivel práctico, entender quién impone cada impuesto ayuda a planificar mejor. El impuesto de sucesiones se considera una carga sobre la propiedad del fallecido y se paga con el patrimonio antes de distribuir los activos; el impuesto de herencias, en cambio, se aplica directamente a lo que reciben los herederos y varía según el estado, la relación con el fallecido y la legislación vigente.

En estados con ambos gravámenes, el heredero podría enfrentarse a múltiples capas fiscales, lo que hace aún más relevante una planificación previa y estratégica.

Historia y contexto adicional pueden ayudar a entender por qué estas diferencias importan hoy. Supuestamente, la creación de impuestos sobre sucesiones a nivel federal respondió a necesidades de financiamiento público a principios del siglo pasado y ha sido objeto de reformas varias veces desde entonces.

En décadas recientes, la atención se ha centrado en ajustar exenciones para adaptarse a la inflación y a nuevas realidades económicas, lo que ha llevado a cambios periódicos en los umbrales.

En resumen, la clave está en entender que no es lo mismo el impuesto que se aplica a la transferencia del patrimonio tras la muerte (estate tax) que lo que pagan los herederos por recibir esas pertenencias (inheritance tax).

Diferentes estados aplican diferentes reglas, y la planificación patrimonial, con asesoría adecuada, puede marcar la diferencia entre proteger un legado y enfrentarse a una factura impositiva inesperada.

Si se quiere cuidar a los seres queridos y optimizar la herencia, conviene revisar la situación con un profesional, considerar exenciones actuales y estudiar opciones como donaciones planificadas o estructuras fiduciarias que se ajusten a cada caso.