El debate sobre si el efectivo sigue siendo rey llega en un momento clave para la forma en que los estadounidenses eligen pagar. Un estudio de Siena Research Institute, encargado por la Payment Choice Coalition, encuestó a 5,000 personas y muestra que el 85% de los encuestados dijo haber pagado en efectivo en los últimos 30 días.

La forma de pago más utilizada fue la tarjeta de débito, elegida por el 35%; seguida del efectivo, con un 24%, y de las tarjetas de crédito, también con un 24%.

Aun así, un 84% se opone a la idea de una sociedad sin efectivo, según los resultados de la encuesta.

Entre las razones para conservar el efectivo destacan la privacidad y la posibilidad de no depender de servicios financieros formales. Supuestamente, 25 millones de hogares están desbancarizados o subbancarizados, lo que subraya la necesidad de mantener una opción de pago para todos los segmentos de la población.

En el frente legislativo, la Payment Choice Act propone obligar a la mayoría de los comercios a aceptar pagos en efectivo para transacciones presenciales de hasta aproximadamente €460.

Esta propuesta, que tiene versiones en la Cámara de Representantes y en el Senado, busca fijar un umbral práctico para tiendas, restaurantes y servicios ante la creciente adopción de hábitos de pago digital.

Los defensores señalan que el efectivo es crucial en emergencias: ante fallos eléctricos o interrupciones de servicios de comunicación, las personas podrían seguir usando billetes y monedas para adquirir bienes básicos.

Presuntamente, en escenarios de ciberataques o cortes generalizados, la capacidad de gastar sin depender de sistemas electrónicos podría marcar la diferencia.

El economista Jay Zagorsky, citado en la nota, advierte que las guerras futuras podrían ser cibernéticas y que, si se corta el acceso electrónico a los fondos, las personas podrían verse imposibilitadas de gastar; su análisis, citado como fuente, sugiere que no se trata de abandonar lo digital, sino de sostener una red de respaldo para quienes no tienen acceso a cuentas bancarias.

Para muchos consumidores, el uso del efectivo también ayuda a controlar el gasto. El estudio indica que el 92% considera que pagar con efectivo protege la privacidad mejor que los pagos digitales. Por otro lado, el 75% afirmó que es más fácil controlar el gasto cuando se utiliza una tarjeta o una app en lugar de efectivo, y el 70% reconoció que el dinero en efectivo facilita mantenerse dentro de un presupuesto.

En cuanto a la adopción de métodos sin efectivo, el 59% opina que todas las empresas deberían estar obligadas a aceptar efectivo. Aunque la mayoría apoya la protección de la opción, el alcance de las normas podría variar: algunas jurisdicciones ya han adoptado restricciones o excepciones para ciertos tipos de negocios, de manera que la regulación podría terminar siendo un mosaico regional.

La Reserva Federal, en su Informe Diarios de Elección de Pagos de 2024–2025, muestra que el efectivo ha ido cediendo terreno en favor de tarjetas de crédito y débito, quedando como la tercera forma de pago más utilizada con un 14% de uso en 2024.

Las tarjetas de débito siguen liderando con un 30% y las tarjetas de crédito con un 35%; los cheques personales se mantienen en torno al 3%. En encuestas complementarias de Empower, un 18% de la población afirma usar efectivo a diario y aproximadamente una quinta parte lo utiliza solo de forma ocasional.

Además, casi cuatro de cada diez personas observan que cada generación depende menos del efectivo que la anterior.

A modo de contexto histórico, la discusión actual se cruza con un cambio notable en la vida monetaria de Estados Unidos, donde el uso de efectivo ha ido cediendo en las últimas décadas a favor de opciones electrónicas, a la vez que la sociedad enfrenta retos para quienes no cuentan con acceso a servicios bancarios.

En este marco, la propuesta legislativa busca dejar claro que la opción de pagar con dinero físico no se convierta en una excepción, sino en una norma que acompañe a la innovación tecnológica y a las necesidades de quienes dependen de efectivo para sus transacciones diarias.

En definitiva, la discusión no es sólo sobre una moneda o un billete concreto, sino sobre qué tan inclusiva quiere ser la economía ante una era dominada por pagos digitales, y qué papel debe jugar el Estado, junto a las empresas, para garantizar que la elección de pago permanezca disponible para todos.