En un movimiento que podría aliviar a millones de familias, el Departamento de Educación de Estados Unidos anunció que, por ahora, no se reanudarán de inmediato las cobranzas involuntarias de préstamos estudiantiles federales.

Esto significa que procedimientos como el embargo de salarios y las deducciones a través del Programa de Cobros de la Tesorería quedan pospuestos temporalmente.

Según la autoridad educativa, la medida busca dar tiempo a prestatarios, defensores y responsables políticos para avanzar en una serie de reformas de reembolso anunciadas recientemente.

Entre las modificaciones que se destacan figura la Ley de Recortes de Impuestos para Familias Trabajadoras (Working Families Tax Cuts Act), que entre otras cosas propone simplificar el complejo entramado de planes de pago y facilitar la rehabilitación de préstamos en mora.

El plan de pago nuevo, según el Departamento, entraría en vigencia el 1 de julio de 2026 y se presentaría como una alternativa más clara para quienes buscan devolver el dinero prestado sin caer en una espiral de costos.

La pausa temporal rompe con la dinámica reciente, cuando la pausa de pagos surgida durante la pandemia terminó reanudando cobros en la mayoría de los casos.

El objetivo declarado es dar a los prestatarios más margen para elegir opciones de pago, consolidar deudas o rehabilitar préstamos sin perder de vista las protecciones básicas que exige la ley.

Sobre las medidas específicas, el Departamento explica que, para evitar embargos, solo se protege la primera franja de ingresos de 217,50 dólares por semana de salario (aproximadamente 200 EUR) y, en el caso de beneficios, la protección cubre únicamente los primeros 750 dólares al mes de Seguridad Social (alrededor de 690 EUR).

Estas cifras dan una idea de la magnitud de la protección versus las obligaciones pendientes.

Además, se advierte que la demora podría no afectar a todos de manera uniforme. Supuestamente, analistas estiman que casi 11 millones de prestatarios podrían estar en mora para finales de marzo de 2026, y que aproximadamente 1,6 millones podrían haber visto sus devoluciones de impuestos federales compensadas como parte de la recaudación.

Estas proyecciones, supuestamente, dependen de cómo evolucione la economía, el volumen de deudas pendientes y la forma en que se apliquen las nuevas reglas.

El propio análisis de la situación señala que, durante años, las políticas de cobro se han visto obstaculizadas por un marco que no siempre reflejaba el costo de vida real de los hogares.

Presuntamente, los defensores de los deudores argumentan que las medidas históricas no eran suficientes para evitar que muchos usuarios cayeran en posiciones extremas de vulnerabilidad.

En ese sentido, la reforma apunta a reducir la carga administrativa y a ofrecer rutas más claras para pagar, rehabilitar y, en ciertos casos, consolidar deudas.

Kantrowitz, experto en préstamos estudiantiles, indicó que las devoluciones de impuestos federales se offsetearon por última vez en 2019, antes de la pandemia, y que, en aquel entonces, alrededor de 1,4 millones de devoluciones fueron afectadas, lo que representaba cerca del 15,2% del total de prestatarios en mora.

Con la pausa y las nuevas reglas, el objetivo es evitar que miles de prestatarios caigan en una situación de pobreza o de deterioro crediticio cuando se reactive el cobro efectivo.

Historicamente, la deuda estudiantil ha sido un tema central en la agenda pública estadounidense, con reformas parciales a lo largo de las décadas y un enfoque renovado durante la última parte de la década pasada: el marco actual busca equilibrar la necesidad de cobrar con la capacidad real de pago de las familias.

En este contexto, la Administración insiste en que las medidas tomadas no solo protegen a los deudores, sino que también buscan una vía más clara para que las autoridades evalúen opciones de pago, rehabilitación y, si corresponde, consolidación de deudas.

Durante el periodo de la demora en los cobros, la autoridad educativa anima a los prestatarios en mora a explorar activamente sus opciones, a consolidar préstamos o a firmar acuerdos de rehabilitación.

En paralelo, la agencia continúa reportando las moras a las agencias de crédito, lo que podría afectar las calificaciones crediticias de algunos solicitantes.

En resumen, aunque la pausa no garantiza un alivio inmediato para todos, abre la puerta a un rediseño de las políticas de reembolso y a un marco más sostenible para las deudas estudiantiles en Estados Unidos, con la promesa de un sistema más claro y equitativo para la próxima década.