Varias de las principales empresas en Estados Unidos han modificado o eliminado sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) tras cambios en el entorno político y legal, generando debate sobre el impacto en la igualdad laboral y social.

En los últimos años, la atención sobre las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en el ámbito corporativo ha sido constante, en parte impulsada por las demandas sociales y la legislación.

Sin embargo, presuntamente, en medio de un clima político cambiante y de la influencia de administraciones que han cuestionado estos programas, muchas de las mayores empresas en Estados Unidos han decidido reducir o eliminar sus iniciativas en esta materia.

Supuestamente, estas decisiones no solo reflejan una adaptación a las nuevas leyes y regulaciones, sino también una respuesta a la presión política y social.

La administración del expresidente Donald Trump, quien asumió en 2017, fue particularmente crítica con las políticas de DEI. Presuntamente, su gobierno implementó ordenanzas ejecutivas y promovió campañas que buscaron limitar la influencia de estas políticas en el sector privado, argumentando que podían promover divisiones o discriminación inversa.

Desde entonces, empresas como Accenture, Amazon, AT&T, y muchas otras, han anunciado cambios sustanciales en sus programas de diversidad. Por ejemplo, en febrero de 2025, Accenture anunció que dejaría de usar metas específicas de DEI para evaluar a su personal y que dejaría de participar en evaluaciones externas de diversidad.

La compañía justificó estos cambios alegando que estaban alineados con un entorno legal y político en evolución, que presuntamente, limita las acciones afirmativas.

Supuestamente, Amazon también tomó similares decisiones al finalizar algunos de sus programas de diversidad e inclusión a finales de 2024, argumentando que buscaba optimizar sus recursos y enfocarse en iniciativas internas.

La empresa afirmó que seguiría promoviendo experiencias inclusivas para clientes y empleados, pero sin mantener ciertas metas y métricas externas.

Por otro lado, en marzo de 2025, AT&T anunció que dejaría de participar en encuestas y certificaciones externas relacionadas con DEI, además de cancelar eventos y programas dirigidos a comunidades LGBTQ+.

Esta decisión generó controversia y acusaciones de que las compañías están priorizando beneficios económicos sobre la igualdad social.

Supuestamente, estas reestructuraciones no significan un abandono completo de la diversidad en el sector corporativo. Según estudios recientes, alrededor del 95% de las empresas todavía mantienen programas de grupos de recursos para empleados y encuestas internas para entender la experiencia laboral de diferentes colectivos.

Sin embargo, el enfoque ha cambiado, poniendo más énfasis en la meritocracia y en cumplir con los requisitos legales.

Históricamente, las políticas de DEI surgieron en respuesta a luchas sociales de décadas pasadas, como el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

Estas iniciativas buscaban corregir desigualdades estructurales y promover un entorno laboral más justo. Sin embargo, la actual tendencia a reducir o modificar estos programas puede estar relacionada con una percepción de que las regulaciones y las presiones políticas han afectado la autonomía de las empresas.

Supuestamente, algunos expertos advierten que esta tendencia podría tener consecuencias negativas a largo plazo, como la pérdida de diversidad en los puestos de liderazgo y una menor representación de grupos históricamente discriminados.

Otros, en cambio, argumentan que las empresas deben centrarse en prácticas que aseguren igualdad de oportunidades sin la imposición de objetivos cuantitativos.

Mientras tanto, organizaciones como la Coalición de Líderes de EE.UU. y sindicatos laborales han expresado su preocupación por la erosión de las políticas de DEI, alertando que la exclusión puede profundizar las desigualdades sociales y laborales.

La evolución de estas políticas en los próximos años será clave para entender el equilibrio entre la influencia política y la responsabilidad social empresarial en un país tan polarizado como Estados Unidos.

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