La quiebra de Del Monte Foods provoca la retirada de miles de árboles de durazno en California, afectando a numerosos agricultores. El Gobierno federal ofrece ayudas para afrontar la transición y evitar pérdidas millonarias.

La noticia que sacude a la agricultura de California llega desde una empresa con más de un siglo de historia en el negocio de conservas: Del Monte Foods.

La firma ha presentado una solicitud de protección por Chapter 11 para reestructurar sus deudas y buscar la venta de activos. En la práctica, esto significa que una de las plantas clave de procesamiento dejó de funcionar de golpe y que muchos contratos de cultivo se quedaron sin un comprador seguro.

En el Valle Central, Modesto y Hughson, dos ciudades donde Del Monte tenía plantas importantes, han visto cerrarse esas operaciones, lo que deja a miles de agricultores en una situación muy frágil.

La consecuencia más visible es la retirada masiva de árboles de durazno: unos 420.000 árboles que pertenecen a una variedad llamada clingstone, que tradicionalmente se destinaba a la producción en conserva.

Esta movilización no sólo es un dato de campo; se traduzca en pérdidas económicas para el sector. Se estima que retirar los árboles corresponde a un gasto enorme para los productores que ya venían lidiando con contratos que se desvanecieron cuando la empresa cerró sus plantas de canning.

De hecho, las autoridades y legisladores señalan que la región podría verse afectada con pérdidas de ingresos que superan los cientos de millones de dólares.

Para mitigar el choque, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (USDA) aprobó una ayuda federal de hasta 9 millones de dólares.

Ese dinero está destinado a facilitar la retirada de hasta 3.000 acres de huertos de durazno antes de la cosecha de 2026, y a acompañar a los agricultores en la transición hacia otros cultivos o métodos de producción que permitan reducir las pérdidas previstas.

En concreto, se habla de retirar alrededor de 50.000 toneladas de duraznos para evitar, en el largo plazo, pérdidas similares a las que se presentan ahora como consecuencia de la desaparición de un gran canal de procesamiento.

Los legisladores han reaccionado con un tono bipartidista: algunos de los principales nombres de la política estadounidense han destacado la necesidad de apoyar a las familias agrícolas que han visto cómo un gran socio, con décadas de contratos, cierra sus puertas.

Entre ellos se mencionan senadores y representantes de California que pidieron respuestas rápidas y una solución que permita a los granjeros seguir en pie, a la vez que se preserva la cadena de suministro de alimentos para el país.

En concreto, figuras como el senador Adam Schiff (D-CA) y distintos miembros de la Cámara han remarcado que la ayuda busca “evitar que un golpe de una gran empresa acabe con generaciones de trabajo” y que el objetivo es que los productores puedan reconducir su actividad sin perder la viabilidad.

Qué significa todo esto para la gente del día a día no es una pregunta menor. California, y especialmente el Valle Central, ha sido durante años un referente en la producción de duraznos para la conserva y para el mercado nacional.

La desaparición temporal de una gran procesadora como Del Monte no sólo afecta a los agricultores; tiene un eco en la economía local, en los empleos indirectos y en la capacidad de la región para abastecer al resto del país durante las campañas de cosecha.

¿Y qué pasará con la marca y la empresa? Del Monte Foods ha asegurado que, pese al proceso de Chapter 11, la compañía continuará operando durante la reestructuración y trabajará para estabilizar sus operaciones y facilitar una venta de activos.

Eso no evita el malestar y la incertidumbre entre quienes dependen de su capacidad de procesamiento y de contratos a largo plazo.

En resumen, la quiebra de Del Monte ha puesto sobre la mesa dos lecciones claras para la política agroalimentaria: que los grandes actores pueden provocar cambios bruscos en el tejido productivo y que, ante ello, es indispensable contar con herramientas públicas que ayuden a los agricultores a transitar hacia nuevos cultivos o enfoques productivos sin perder la viabilidad de sus negocios.

Para los vecinos de Modesto, Hughson y el resto del Valle Central, el camino hacia la normalidad tras este golpe no será corto, pero la combinación de apoyo federal, una planificación agrícola más flexible y la resiliencia de los productores podrían marcar la diferencia en los próximos años.