En un reciente discurso, el presidente de la Reserva Federal de EE. UU. dejó claro que no existe ninguna otra agencia gubernamental encargada de la protección del consumidor, a excepción de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB).

Esta declaración se produce en un momento crítico, ya que el CFPB se encuentra en una situación de limbo tras el cambio de administración. Durante los últimos meses de la administración Biden, el CFPB había promulgado una serie de nuevas regulaciones destinadas a proteger a los consumidores, enfocándose en cuestiones como las tarifas por sobregiro bancario y las comisiones por pagos atrasados en tarjetas de crédito.

El panorama cambió drásticamente cuando el nuevo presidente, Donald Trump, destituyó al director del CFPB, Rohit Chopra, y nombró a un director interino, Russell Vought, quien ordenó la paralización de las actividades de la agencia.

Esta acción generó inquietud en el ámbito financiero, especialmente tras un comentario de Elon Musk en redes sociales, donde insinuó el posible cierre de la agencia con un mensaje que decía 'CFPB RIP'.

Trump ha propuesto a Jonathan McKernan, un exmiembro de la Junta de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, como nuevo director permanente. Sin embargo, la naturaleza de la agencia que McKernan podría heredar es incierta. Las iniciativas del CFPB, muchas de las cuales son bien recibidas por los consumidores, están siendo desafiadas por la industria financiera, que argumenta que estas regulaciones pueden tener efectos adversos.

Por ejemplo, un límite en las tarifas de sobregiro podría llevar a los bancos a reducir la protección contra sobregiros, lo que podría perjudicar a los clientes en situaciones financieras difíciles.

Mark Hamrick, analista económico senior en Bankrate, advirtió que es muy probable que estas cuestiones lleguen a la Corte Suprema, lo que añade una capa de complejidad a la situación.

La política partidista también jugará un papel crucial en el futuro del CFPB. Creado tras la crisis financiera de 2008, el CFPB fue concebido como una respuesta regulatoria a las prácticas abusivas de algunas instituciones financieras.

La fundadora del CFPB, la senadora Elizabeth Warren, ha defendido la agencia a lo largo de los años, argumentando que muchas de sus medidas tienen un amplio apoyo popular.

Sin embargo, el sector financiero y algunos legisladores republicanos han criticado la agencia, alegando que ha sobrepasado su mandato.

La situación actual del CFPB es crítica, ya que muchas de sus regulaciones más recientes están en la cuerda floja. Por ejemplo, una regla que limitaba las tarifas por pagos atrasados en tarjetas de crédito a 7,36 euros (8 dólares) estaba programada para entrar en vigor en mayo de 2024, pero ha sido objeto de controversia legal.

Las tarifas por sobregiro, que en promedio son de aproximadamente 24,92 euros (27 dólares), también están bajo revisión, con la agencia buscando establecer un límite de 4,59 euros (5 dólares).

Además, en enero, el CFPB había prohibido la inclusión de deudas médicas en los informes de crédito, una medida que se esperaba que ayudara a miles de consumidores.

Sin embargo, la industria ha impugnado esta decisión, argumentando que podría llevar a la emisión de préstamos irresponsables.

La regulación de aplicaciones de pago digital también se encuentra en un limbo. Aunque se había finalizado una regla para supervisar aplicaciones como Google Pay y Venmo, la nueva administración podría elegir no implementarla.

Con un futuro incierto y con la posibilidad de que estas reformas se deshagan, la protección del consumidor en EE. UU. se enfrenta a un momento decisivo.