La reciente quinta edición de la Serie Río de la Plata emerge como un experimento inusual en el calendario veraniego: 26 equipos de distintos países se reúnen para un conjunto de amistosos que no ostenta trofeo alguno y que no ofrece una versión de Boca Juniors o River Plate como plato fuerte.

En esta edición participan siete representantes del fútbol argentino (seis de la Liga Profesional y uno de la Primera Nacional), 11 clubes de Uruguay, tres de Chile, dos de Paraguay, y uno de Colombia y otro de Perú.

Los partidos se disputan en Montevideo, Maldonado y Paysandú, organizados por la productora Sport Media, en asociación con Tenfield, dueña de los derechos de televisación del fútbol uruguayo.

A ello se suma la atención de la Justicia, que investiga posibles maniobras para defraudar al fisco a través de la exhibición y comercialización de estos encuentros.

Para ver cada choque es necesario contar con Disney+ o ESPN Premium en la región, y en Uruguay también está disponible a través de la plataforma de Antel, la empresa de telecomunicaciones estatal.

En la práctica, quien no tenga estos canales no solo se priva de ver los partidos, sino que también queda al margen de conocer su existencia: la promoción está fuertemente ligada a estas pantallas y no hay una campaña pública de gran alcance que incentive un boom turístico o que mida audiencias de forma destacada.

Aun así, las imágenes de las transmisiones permiten advertir, sobre todo en las jornadas adelantadas, la baja afluencia de público.

Si se compara con épocas pasadas, la infraestructura de los estadios uruguayos no ayuda a generar grandes multitudes. El Centenario, con capacidad para 60.200 espectadores, es la excepción que confirma la regla de aforos más reducidos. Campus de Maldonado admite 20.000; el Luis Franzini 18.000; el Charrúa 14.000; Parque Viera 12.000; Parque Salordí 8.000 y Parque Artigas 7.000. En varias de estas sedes las condiciones son similares a las de categorías de menor nivel en Argentina. Para los menores de 10 años la entrada suele ser gratuita; para el resto, los precios varían según el choque. En promedio, las entradas uruguayas oscilan entre precios bajos y moderados, con algunas excepciones en encuentros de mayor demanda.

Si se traducen las cifras a otro marco monetario, por ejemplo a euros, una guía de referencia cercana, basada en un tipo de cambio aproximado de 1 euro = 60 pesos uruguayos, permitiría estimar que entradas de 150 a 500 pesos uruguayos se sitúan entre aproximadamente 2,50 y 8,33 euros.

En el encuentro de mayor interés, como el choque entre Peñarol y River, con rangos de 600 a 1200 pesos, el rango euro quedaría entre 10 y 20 euros. Estas cifras, por supuesto, fluctúan con el tipo de cambio y las modalidades de venta (efectivo, tarjetas o venta online), pero dan una idea de la escala de precios para la afición que acompaña a estos torneos.

Desde el punto de vista económico, la serie funciona, para los clubes participantes, como una especie de reaseguro: un tercero financia parte de la pretemporada.

Los equipos viajan al país vecino, cubren gastos y reciben un cachet, cuyo sustento principal proviene de los derechos de televisación que pagan Disney+ y ESPN.

Este es, exactamente, el ángulo que la justicia uruguaya está evaluando: la administradora del certamen, Sport Media, mantiene un vínculo comercial con Disney para difundir estos contenidos a través de sus plataformas, además de la red de Antel.

La investigación busca determinar si esta triangulación conlleva una exoneración de impuestos, como la exención del IVA bajo la figura de “exportación de servicios”, y si, a través de esa estructura, se pierden ingresos fiscales por montos relevantes, estimados en varios millones de dólares en conceptos como IVA y otros tributos.

El expediente también revela que entre los nombres involucrados figuran figuras de la producción y de la gestión de derechos, como Sebastián Piñeyrúa, quien figura como responsable de la comercialización para Disney en la región.

Piñeyrúa, hasta hace poco, ocupó cargos relevantes en la oferta deportiva de Sudamérica y ha estado ligado a proyectos de producción audiovisual y rugby; la investigación plantea preguntas sobre la relación entre los intereses comerciales y el fisco.

Aunque Piñeyrúa se presenta como responsable de la difusión de contenidos, el contrato con Disney se refiere, esencialmente, a los contenidos licenciados y su reventa en nuevos mercados, no necesariamente a una estructura de negocio netamente local.

Más allá de las complejidades jurídicas y de la estructura de derechos, la Serie Río de la Plata no parece lograr la misma expectativa histórica que tenían los veranos de las grandes ciudades costeras argentinas, como Mar del Plata, Mendoza o Córdoba, cuando los estadios se llenaban y se convertía en un evento turístico.

La mezcla de aforos reducidos, transmisión restringida y un modelo de negocio que depende de acuerdos de televisión ha llevado a que la edición actual busque un equilibrio entre ingresos, visibilidad y coste para los clubes.

En el pasado, esas giras veraniegas alimentaron una cultura de amistosos que, a fuerza de historia, se convirtió en una especie de ritual para aficionados y jugadores.

Hoy, la realidad es distinta: la Serie Río de la Plata pretende sostenerse en un mercado cambiante, con menos público presencial pero con una presencia de plataformas globales que convierten a estos encuentros en productos para una audiencia más amplia, en la que el fútbol de región y el negocio audiovisual se entrelazan con complejidad y desafíos fiscales.