Una intervención de Estados Unidos en territorio venezolano y la detención de Nicolás Maduro han generado una reconfiguración en el tablero regional que también toca el fútbol profesional.

La Conmebol ha puesto a sus operativos en alerta debido a la posibilidad de que las tensiones políticas incidan en la realización de los partidos y en la programación de las competiciones.

En este contexto, dos clubes venezolanos aparecen ya clasificados para la fase de grupos de la Libertadores: Deportivo La Guaira y la Universidad Central de Venezuela Fútbol Club (UCV FC).

Su estructura y sus prácticas administrativas han sido objeto de atención adicional, dado que el presidente de la UCV FC es Alexander Enrique Granko Arteaga, identificado por diversas fuentes como titular de una dependencia de inteligencia de las fuerzas armadas que, según organismos internacionales, ha sido señalada por presuntas violaciones a derechos humanos.

Esta situación ha elevado la cautela de la organización continental respecto a la seguridad de las sedes y el despliegue de espectadores.

El año deportivo no ha comenzado sin signos de tensión. El 9 de diciembre, en la final entre campeones de Apertura y Clausura disputada en Venezuela, el árbitro Yander Herrera dejó fuera de la cancha al hijo de Arteaga Gramko, Alexander Gramko Jr., quien era jugador de la UCV FC y participaba en un choque frente a Carabobo. Solo 48 horas después de ese desenlace, el auto del árbitro apareció incendiado frente a su domicilio, un hecho que alimentó un clima de incertidumbre alrededor de la competición y la seguridad de las delegaciones.

En el sorteo para la Libertadores, Deportivo La Guaira figura en el bombo 3 y la UCV FC en el bombo 4. El desdoblamiento de la competencia, que se celebrará en la semana del 18 de marzo, mantiene abierta la posibilidad de cruces con equipos históricos del continente.

En el panorama de grupos, equipos como Boca Juniors podrían compartir destino con el conjunto venezolano en el hipotético bombo 1, mientras que otros clubes como Estudiantes o Lanús aparecen en el segundo bombo.

En la misma etapa, River Plate y Racing Club estarán involucrados en la competición de la Sudamericana, que también corre riesgo por las mismas variables de seguridad.

Para el plano de repesca, el Deportivo Táchira se enfrentará al The Strongest en una llave de ida y vuelta; la ida se disputará en Bolivia y la vuelta está prevista para el 10 de febrero en San Cristóbal, Venezuela.

Por su parte, Carabobo jugará la fase 2 ante Huachipato de Chile; la ida será en Carabobo y la revancha en Talcahuano.

Ante los antecedentes de equipos sudamericanos que actuaron fuera de su país por problemas de orden público, la historia aporta ejemplos que nutren el debate.

En 1991, Atlético Nacional y América de Cali, clubes colombianos, fueron vetados para actuar como locales tras denuncias de amenazas y violencia que rodearon la competición de aquella época, en un contexto de violencia ligada a grupos armados.

Más recientemente, en 2021, varios encuentros entre equipos colombianos se disputaron en Asunción a raíz de estallidos sociales que afectaban a Colombia, y la Copa América del mismo año se trasladó a Brasil por motivos de seguridad.

En 2018, la final de la Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se trasladó del estadio de Núñez al Santiago Bernabéu de Madrid, ante la falta de garantías de seguridad en Buenos Aires.

Las fechas de la Libertadores para 2026 anticipan una agenda intensa: el martes 2 de febrero se iniciarán los partidos de ida de la Fase 1 (las revanchas serán la semana siguiente).

La Fase 2 se disputará entre el 17 y el 26 de febrero, y la Fase 3 entre el 3 y el 12 de marzo. El sorteo de la fase de grupos está previsto para la semana del 18 de marzo, mientras que la fase de grupos arrancará el martes 7 de abril. Las fechas siguientes marcan una cadencia que se repetirá en cada jornada hasta la final, que está programada para el 28 de noviembre. Estos plazos, conjuntamente con la dinámica de seguridad en la región, pueden condicionar no solo la presencia de público, sino también los horarios y la logística de cada partido en Venezuela y en otros países involucrados.

En conjunto, la situación exhibe cómo los factores políticos y de seguridad trascienden lo político para afectar el interés y la continuidad de un evento deportivo de alcance continental.

Mientras la Conmebol vela por la integridad de las competencias, los clubes venezolanos y sus aficionados esperan que las condiciones en torno al conflicto se normalicen para garantizar que el fútbol pueda desarrollarse con normalidad, tal como ha sucedido en otras épocas cuando el continente ha superado tensiones para mantener la esencia de sus torneos.