Una semana después de los graves incidentes en Avellaneda, el club Independiente afronta un nuevo desafío en el ámbito deportivo y judicial. En esta ocasión, la controversia no involucra a los futbolistas ni a los técnicos, sino que se centra en la disputa en torno a la responsabilidad de los hechos violentos ocurridos durante el partido de la Copa Sudamericana en Asunción, que fue suspendido a los pocos minutos de comenzar.

La dirigencia del club presentó un exhaustivo recurso en el Tribunal de Disciplina de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con la esperanza de evitar la sanción y la posible eliminación del torneo.

El encuentro, que enfrentaba a Independiente con la Universidad de Chile, fue suspendido a los 3 minutos del segundo tiempo tras una serie de hechos violentos que comenzaron con agresiones de los hinchas visitantes.

Desde Asunción, los abogados del club argentino argumentaron que la responsabilidad recae en la parcialidad visitante, que inició los incidentes previamente al inicio del partido.

Para respaldar su postura, presentaron pruebas contundentes, incluyendo videos, testimonios de socios y informes oficiales, donde se destaca que la violencia fue premeditada y provocada por los ultras del equipo chileno.

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, compareció en conferencia de prensa acompañado de funcionarios del club y representantes legales.

En su intervención, afirmó con claridad que «el club no fue responsable de los hechos, sino que fue víctima de ataques premeditados y violentos por parte de un grupo de delincuentes que ingresaron a nuestro estadio con la única intención de generar caos».

Además, enfatizó que **el operativo de seguridad**, supervisado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), fue llevado a cabo conforme a los protocolos establecidos, movilizando aproximadamente 650 efectivos policiales, cerca de 150 agentes privados y numerosos servicios médicos y de seguridad.

La polémica también ha puesto en evidencia la responsabilidad de las autoridades de seguridad, quienes aseguraron que la propagación de la violencia estuvo alimentada por la agresividad exhibida por los ultras chilenos, que además provocaron daños en la cancha y forzaron la suspensión del partido.

La postura de Independiente es que, bajo el reglamento, la responsabilidad del evento recae en el club organizador, pero que tales responsabilidades no implican que el club deba ser sancionado por actos que estaban fuera de su control y que fueron iniciados por los visitantes.

Este enfrentamiento legal llega en un momento delicado para la institución, que ya fue víctima de incidentes violentos en el pasado. En particular, hace una década, un episodio en el Superclásico argentino, donde una agresión con gas pimienta provocó la suspensión y la consecuente eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores en 2012, sirvió como antecedente de la gravedad de estos hechos.

La historia del fútbol sudamericano se ha visto marcada por episodios similares, como la trágica muerte de dos jóvenes en el estadio Monumental de Santiago en 2014, durante una disputa entre Colo Colo y Fortaleza, que resultó en la suspensión de varios partidos y sanciones severas para los clubes involucrados.

En el caso actual, Conmebol tiene varias opciones para resolver la situación: clasificar a Universidad de Chile a los cuartos de final, repetir el partido en un país neutral o aceptar la versión de Independiente, que alega no ser responsable de los actos violentos.

La decisión será clave, no solo por la sanción en sí, sino también por el mensaje que envía respecto a la lucha contra la violencia en el deporte.

La historia muestra que la inacción o las sanciones inapropiadas solo alimentan la problemática, por lo que la entidad reguladora deberá actuar con prudencia y firmeza.

Mientras tanto, los daños de estos enfrentamientos dejan huellas profundas en la comunidad deportiva, que constantemente busca equilibrio entre pasión y seguridad.

La hopeabilidad de que estos episodios no se repitan y que las instituciones puedan garantizar una competencia limpia y segura sigue siendo un desafío pendiente en el fútbol sudamericano.