Una denuncia de la Dirección Regional de la AFIP (ARCA) en La Plata abrió en 2024 una investigación que desentraña un entramado administrativo y comercial orientado a evadir impuestos.

Según la Fiscalía, la familia Mazzacane —Hugo Héctor, de 79 años, presidente de ACTC, y su hijo Gastón, de 50, vicepresidente de la misma entidad— habría liderado junto a otros familiares un conjunto de empresas interconectadas con un objetivo claro: ocultar riqueza, desvirtuar la realidad patrimonial y no pagar cargas fiscales que suman casi 4.000 millones de pesos en pocos años.

Según la acusación, el grupo movía bienes entre firmas “fantasma” y creó un fideicomiso para canalizar fondos, todo bajo el paraguas de Quilmes Tolosa S.A., la estructura que, aunque llevaba ese nombre, no tenía participación de la cervecera histórica en la operación real. En la práctica, Quilmes Tolosa S.A. funcionaba como centro operativo que, según la Justicia, estaba de insolvencia para dificultar a ARCA el cobro de deudas.

La ingeniería incluyó una cadena de sociedades del grupo (Maverick, MDNAJMM, CEAGA) que registraban la titularidad de camiones e inmuebles necesarios para la actividad a nombre de estas empresas para evitar embargos.

La firma CEAGA S.A., presidida por Liliana Videla, funcionaba como mandataria para pagos a proveedores y salarios, evitando que el dinero ingresara a las cuentas embargadas de la empresa principal.

Además, habría un sistema informático de contabilidad paralela, denominado Chess/D-Plus, que registraba ventas en efectivo no declaradas y ocultaba hasta un 40% de la facturación real.

Este mecanismo habría permitido a Quilmes Tolosa S.A. presentarse ante el Estado con una estructura de patrimonio aparentemente débil, mientras los controladores mantenían el control real.

Entre las aristas de este entramado estaba un fideicomiso llamado Quilbeb Sur, utilizado para canalizar movimientos por más de 4.4 mil millones de pesos. La trazabilidad de esas operaciones está siendo investigada por presuntas ventas no declaradas y otros movimientos que quedaban fuera de la contabilidad oficial.

Peritos judiciales señalan que el sistema permitía a los imputados conservar el control efectivo de los negocios, a la vez que mostraban ante la DGI una estructura operativa reducida o con activos para aparentar insolvencia.

La denuncia de AFIP en noviembre de 2024, sumada a allanamientos e indagatorias, llevó a la Fiscalía Federal Nº 1 de La Plata, a cargo de María Laura Roteta, a solicitar el procesamiento de cinco directivos y de varias empresas involucradas por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta.

El juez Alejo Ramos Padilla dictó el procesamiento la semana pasada. El daño al fisco nacional fue estimado en 3.965.225.508 pesos. Los abogados de los Mazzacane rechazaron la calificación de la Fiscalía y presentaron ante Clarín sus argumentos, calificando el procesamiento como una exageración y remarcando la vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal (Ley 27.799) y la continuidad de regularizaciones aceptadas por ARCA. En la resolución no se solicitaron detenciones, ya que, según las fuentes, no existen riesgos procesales, y los imputados respondieron a todas las requisitorias del juzgado.

Como contexto, la ACTC es una de las columnas de la cultura de las carreras en Argentina, y Hugo Mazzacane, que en su día disputó la Fórmula 1, lidera un colectivo que organiza el Turismo Carretera, el campeonato de mayor arraigo del país.

Su hijo Gastón también tuvo un paso por la Fórmula 1, con un historial algo discreto. Así se cierra este capítulo, que pone sobre la mesa cuánto pesa la relación entre el mundo del deporte y el poder económico privado en nuestro país y cómo se intenta fiscalizar estas estructuras cuando se cruzan con la Administración.