La Junta de Castilla y León dio un golpe sobre la mesa en la Conferencia Sectorial de Vivienda para dejar claro que quiere una política de vivienda que funcione de verdad en la región y que no se quede en promesas.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, señaló que la actual versión del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 llega con interrogantes.

No es que esté en contra de recibir ayuda, pero sí de la forma y de las condiciones que trae ese plan desde la forma en que se elabora hasta el contenido que impone medidas intervencionistas que, a su juicio, no funcionan.

Suárez-Quiñones subrayó que las comunidades no han tenido una participación real en la elaboración del plan. Además, afirmó que las autonomías apenas recibieron un simple trámite de audiencia, cuando son las que gestionan y financian la vivienda y deben ejecutar las políticas.

Esto, explicó, se contradice con el hecho de que, a la hora de aprobar el plan, la Junta no tuvo la oportunidad de discutirlo en una Conferencia Sectorial previa y, en su lugar, se publicó directamente en el Boletín Oficial del Estado.

Para la Junta, esa forma de actuar es “totalmente rechazable”.

En cuanto al contenido, la Junta no comparte la imposición de medidas intervencionistas, como la obligación de aplicar límites de mercado en zonas tensionadas para poder acceder a fondos.

“No han funcionado en Europa y no están dando resultados en comunidades donde ya se aplican, como Cataluña, donde, en cambio, se reduce la oferta de alquiler”, explicó Suárez-Quiñones.

La visión de la Junta es apostar por una política de vivienda basada en la colaboración, incentivos, seguridad jurídica, beneficios fiscales y programas propios que respondan a las necesidades concretas de Castilla y León.

Durante la reunión se aprobaron los criterios de reparto de los fondos estatales. En el caso de Castilla y León, el Estado aportará 228 millones de euros en los próximos cinco años, mientras que la Junta deberá aportar y financiar 152 millones, lo que representa multiplicar por seis la aportación que venía haciendo la comunidad.

El consejero recordó que el Ministerio aporta “el doble y no el triple”, como se dijo en algún momento, y destacó que la política de vivienda de la Junta es mucho más que la cofinanciación del Plan Estatal: se destinarán más de 300 millones de euros con fondos propios e incentivos fiscales a lo largo de la legislatura, para complementar las medidas del Plan con acciones propias y garantizar soluciones reales para los ciudadanos.

Aun con las diferencias respecto al modelo planteado por el Gobierno, Castilla y León votó a favor de los criterios de reparto porque lo importante, añadió Suárez-Quiñones, es “dar soluciones de vivienda a los castellanos y leoneses” y cualquier ayuda del Ministerio, aunque insuficiente, es bienvenida.

Por ello, la Junta anunció que aprovechará al máximo todos los instrumentos útiles contemplados en el Plan Estatal y los combinará con sus propias políticas y líneas de apoyo para facilitar el acceso a la vivienda en la región.

Además, avisó de que estudiará posibles recursos contencioso-administrativos para impugnar aspectos que considere perjudiciales para Castilla y León.

En paralelo, el consejero mencionó la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el registro de pisos turísticos promovido por el Ministerio, interpretándola como una muestra más de la unilateralidad y del recorte de competencias de las comunidades autónomas, al coincidir con la lógica de que la regulación corresponde a las comunidades.

La discusión sobre vivienda en Castilla y León se enmarca en décadas de debates sobre financiación, quién decide y quién paga, con un hilo histórico que ve cambios constantes entre planes estatales y respuestas regionales.

En el pasado, algunos planes mantuvieron participaciones estatales mayores, otros redujeron el peso de la financiación central. La Junta quiere que, pese a las diferencias, la prioridad sea facilitar vivienda asequible y estable para las familias y jóvenes de la región, sin someter a los ciudadanos a proyectos que no respondan a sus necesidades ni a la realidad local.