La Junta de Castilla y León ha reiterado su demanda al Gobierno de España para que convoque de manera urgente la Conferencia Sectorial de Transporte.

Esta convocatoria se considera crucial para discutir el Mapa de Transporte, que fue elaborado en un borrador en 2022 y que el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana busca reactivar.

Sin embargo, este proceso se está llevando a cabo sin tener en cuenta las opiniones y necesidades de las comunidades autónomas, lo que ha generado preocupación y descontento entre ellas.

En una reunión reciente en el Ministerio de Transportes, la directora general de Transportes y Logística de la Junta, Laura Paredes, expresó la importancia de establecer un foro donde se pueda debatir y llegar a consensos, en lugar de imponer decisiones que afectan directamente a las autonomías.

Esta postura es compartida por otros gobiernos autonómicos que también han manifestado su deseo de ser parte activa en las decisiones que afectan al transporte en sus territorios.

El borrador del Mapa de Transporte contempla la eliminación de 474 paradas en 346 municipios de las nueve provincias de Castilla y León, lo que representaría una reducción drástica en la disponibilidad de servicios de transporte.

Se estima que más de 200,000 habitantes de áreas rurales se verían perjudicados, ya que se eliminarían tres de cada cuatro paradas, lo que podría tener un impacto negativo en su movilidad y acceso a servicios esenciales.

Además, durante la reunión, la Junta hizo hincapié en la necesidad de que exista coordinación y consenso en la implementación de bonificaciones para el transporte, un aspecto que ha sido trabajado en conjunto en el pasado y que se espera continúe en el futuro.

Laura Paredes también mostró su preocupación por el anuncio del ministro Óscar Puente sobre la creación de un billete único, lo cual se realizó sin consultar previamente a las comunidades autónomas, generando incertidumbre y desconfianza.

Por otro lado, la reciente derogación del Real Decreto-Ley 9/2004, que no fue convalidado en el Congreso de los Diputados, ha puesto de manifiesto la falta de planificación y diálogo con las comunidades autónomas.

Esta situación se agrava aún más con la presentación de un nuevo Real Decreto-Ley que afectará a las bonificaciones del transporte, del cual no se ha proporcionado información clara, a pesar de que los directores generales de transporte de todas las comunidades se encontraban reunidos.

Históricamente, el transporte público en España ha enfrentado numerosos desafíos, desde la falta de financiación hasta la necesidad de modernización.

La Junta de Castilla y León espera que, a través de la Conferencia Sectorial, se pueda sentar las bases para un sistema de transporte más equitativo y adaptado a las necesidades de todos los ciudadanos, especialmente aquellos que residen en zonas más aisladas.

La urgencia de esta convocatoria se hace evidente, dado que el futuro del transporte en el país depende de la colaboración y la comunicación efectiva entre las diferentes administraciones.