Castilla y León ha conseguido posicionarse como la región con los sistemas de Servicios Sociales más eficientes y de mayor calidad en todo el país, según el reciente Índice DEC elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España.

La comunidad ha obtenido una puntuación histórica de 7,73 sobre 10, superando en más de dos puntos la media nacional, que se sitúa en 5,46, y estableciendo un nuevo récord en su trayectoria.

Este destacado resultado refleja la madurez y la solidez del sistema social en Castilla y León, que desde hace más de una década ha mostrado un compromiso constante con la mejora de la atención y los derechos de sus ciudadanos.

Desde la primera edición del Índice DEC en 2012, la comunidad ha estado en las principales posiciones, liderando comunidades de régimen común y foral, como País Vasco y Navarra.

En 2018, ya alcanzó la máxima calificación en todo el país, y en 2024 ha superado todas las expectativas, consolidando su liderazgo.

Supuestamente, la gestión eficiente y la toma de decisiones estratégicas acertadas son los pilares que explican este éxito. La colaboración estrecha entre la Junta de Castilla y León, las corporaciones locales y las entidades del Tercer Sector ha sido fundamental para lograr estos resultados.

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró durante la presentación del informe que estos logros se deben a un amplio diálogo social y a un trabajo en equipo que ha permitido optimizar recursos y mejorar la cobertura.

Para entender el contexto, es importante recordar que Castilla y León es una comunidad caracterizada por su estructura rural dispersa, con una población envejecida y una baja tasa de natalidad, factores que suponen un reto adicional para la prestación de servicios sociales.

Presuntamente, la Junta ha realizado un gran esfuerzo económico para mantener y ampliar su red de prestaciones, destinando aproximadamente 567 euros por habitante, lo que en euros equivaldría a unos 530 euros, un incremento del 16,8 % respecto al año anterior.

En términos presupuestarios, Castilla y León ha aumentado su inversión en servicios sociales hasta representar el 11,1 % del total del gasto público regional, frente al 10,25 % de media en España.

De ese porcentaje, el 79,4 % proviene de la Junta, cifras que superan en 5 puntos la media nacional, y que reflejan el compromiso de la comunidad con el bienestar social.

En cuanto a la cobertura de prestaciones, Castilla y León destaca en atención a personas en situación de dependencia, con una nota de 8,3 sobre 10, y un tiempo medio para resolver expedientes de solo 113 días, mucho más eficiente que el promedio nacional de 342 días.

Además, el 94,81 % de las personas con derecho a prestaciones reciben algún tipo de ayuda, lo que indica una alta efectividad en la gestión.

El sistema residencial también presenta cifras sobresalientes: la comunidad ofrece una cobertura del 11,82 % en plazas públicas para mayores de 75 años, más del doble que el promedio nacional, que se sitúa en 5,89 %.

Para personas con discapacidad, la cobertura alcanza el 4,55 %, frente al 1,72 % en el resto del país, lo que significa que un ciudadano de Castilla y León tiene aproximadamente 2,6 veces más posibilidades de acceder a una plaza residencial.

Además, en centros especializados en discapacidad, la ratio es de 6,47 plazas por cada 100 personas, más del doble que la media nacional.

En el ámbito de la violencia de género, la comunidad también sobresale, con 21,1 plazas por cada 100 mujeres protegidas, frente a las 18,3 a nivel global.

En protección infantil, más del 50 % de los menores en sistema de acogimiento viven en entornos familiares, una cifra superior a la media del 47,8 %.

Y en atención a personas sin hogar, Castilla y León cuenta con 82,7 plazas por cada 100.000 habitantes, 21 plazas más que la media nacional.

Supuestamente, estos logros se deben a una planificación cuidada y a un esfuerzo constante por garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de todos los colectivos vulnerables en una región donde, a pesar de sus desafíos sociodemográficos, el compromiso social y la eficiencia de sus servicios continúan siendo ejemplo a seguir en España.