La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León ha puesto en marcha un nuevo paquete de subvenciones por un total de 7,5 millones de euros, con el objetivo de reforzar la seguridad y la salud en los centros de trabajo de la comunidad.

La iniciativa, que se activará la próxima semana a través de la convocatoria de ayudas, se estructura en cuatro líneas de actuación complementarias que facilitan a las empresas la implantación de medidas orientadas a la prevención de riesgos laborales y a la promoción de la salud entre la plantilla.

Con estas medidas se pretende, además de reducir el riesgo de accidentes, mejorar la calidad de vida laboral y fomentar la productividad del tejido empresarial de la región.

Las ayudas se tramitarán en régimen de concesión directa, atendiendo las solicitudes por orden de entrada hasta agotar el crédito disponible. El calendario de presentación contempla que las líneas de bienestar, equipos y mejora de lugares de trabajo abran el próximo 28 de enero y cierren el 27 de febrero, mientras que la línea de retirada de amianto abrirá el 14 de enero y terminará el 13 de febrero.

A continuación se detallan las cuatro convocatorias y sus características.

La primera línea, destinada a la retirada segura y sustitución de amianto, cuenta con 3 millones de euros y está pensada para financiar el 85 % de los costes de retirada de este material en los centros de trabajo, así como el 50 % de las cubiertas nuevas que se instalen para evitar riesgos de caída y la exposición de los trabajadores a fibras asociadas a enfermedades respiratorias y procesos cancerígenos.

La ayuda puede alcanzar los 30.000 euros por beneficiario, e incluye la manipulación, el transporte y la gestión de residuos con amianto, cuando corresponda. También se contempla la instalación de una cubierta transitable libre de amianto, siempre ejecutada por empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA).

La segunda línea, con un presupuesto de 2 millones de euros, se orienta a la mejora y renovación de equipos de trabajo. Su objetivo es facilitar la incorporación de maquinaria y sistemas que, gracias a sus aplicaciones técnicas, ayuden a minimizar los riesgos laborales.

Se financiará la renovación o adaptación de maquinaria que demuestre una mejora en la seguridad, así como equipos de trabajo con la misma finalidad, como pantallas, mesas y sillas ergonómicas o periféricos inalámbricos.

Se establece un sistema de ayudas de hasta 30.000 euros por beneficiario, cubriéndose el 85 % de las inversiones realizadas.

La tercera convocatoria, también dotada con 2 millones de euros, pretende apoyar actuaciones para renovar o mejorar infraestructuras físicas con la finalidad de reducir riesgos y optimizar las condiciones de trabajo.

En este marco podrán financiarse reformas de suelos, vías de circulación, rampas y portones, mejoras en iluminación y condiciones ambientales, adecuación de vestuarios y zonas de descanso, así como adaptaciones para trabajadores con discapacidad.

Al igual que las otras líneas, la ayuda máxima por centro de trabajo es de 30.000 euros y la financiación cubre hasta el 85 % de la inversión.

La cuarta y última línea, inicialmente valorada en 500.000 euros, está orientada a promover la salud y el bienestar laboral incentivando comportamientos y estilos de vida saludables para reducir patologías de alta prevalencia, como las enfermedades cardiovasculares o los trastornos musculo-esqueléticos.

En este programa se subvencionan actividades relacionadas con servicios de fisioterapia, psicología, nutrición o actividad deportiva dirigidos a la prevención de riesgos.

También se contempla la creación de espacios cardioseguros dentro de los centros de trabajo, mediante la instalación de desfibriladores DESA y la formación para su uso.

Historia y contexto: desde hace años, Castilla y León ha reforzado las políticas de prevención de riesgos laborales y salud en el trabajo, con inversiones que buscan no solo cumplir marcos normativos, sino también impulsar una cultura corporativa de seguridad y bienestar.

En este sentido, las ayudas actuales se inscriben en una trayectoria de mejora continua que ha buscado modernizar equipamientos, reducir exposiciones a materiales peligrosos como el amianto y acoger prácticas ergonómicas en centros de trabajo de toda la región.

En conjunto, estas medidas pretenden no solo cumplir con estándares de seguridad, sino también fomentar una gestión responsable de la salud ocupacional, con efectos positivos para la productividad y la competitividad de las empresas de Castilla y León.

Se espera que, al implementarse estas líneas, se consolide una cultura preventiva que beneficie tanto a trabajadores como a empleadores, promoviendo entornos laborales más seguros, más saludables y más eficientes a largo plazo.