El consejero de la Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha enfatizado la relevancia de instaurar una cultura que priorice la privacidad de los ciudadanos, destacando su papel crucial en el fortalecimiento de la confianza hacia la administración electrónica.

En una reunión reciente con el Grupo de Delegados de Protección de Datos, el consejero expuso que la Junta de Castilla y León se compromete a manejar los datos personales de manera que se garanticen los derechos de las personas involucradas.

La Junta, en su empeño por ofrecer un servicio transparente y responsable, se ha alineado con las normativas de protección de datos que aseguran que la información personal se maneje con la máxima prudencia.

Este enfoque no solo abarca la administración electrónica, sino también las interacciones en las oficinas físicas de la Junta.

La gestión de datos personales, que incluye información médica, educativa y otros datos sensibles como el DNI, direcciones, correos electrónicos y datos bancarios, se realiza en el marco de expedientes que son de uso cotidiano, como la concesión de ayudas y el pago de nóminas.

González Gago ha afirmado que es fundamental que los ciudadanos tengan acceso a información clara sobre sus derechos en el ámbito de la protección de datos.

La Junta ha establecido un Punto Único de Información sobre Protección de Datos, disponible en su página web, que facilita un canal centralizado para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos.

Entre estos derechos se incluye la posibilidad de acceder a información sobre el uso de sus datos personales, rectificarlos en caso de errores y solicitarlos para ser eliminados cuando ya no sean necesarios.

Los Delegados de Protección de Datos, quienes operan dentro de cada consejería y organismo autónomo, son responsables de asegurar que los datos se manejen de manera segura y responsable.

Además, su función incluye ayudar a los ciudadanos a entender y ejercer sus derechos.

En la reunión más reciente, se discutió la importancia de hacer más accesible el Punto Único, para que los ciudadanos puedan beneficiarse de manera óptima de este servicio.

La protección de datos personales es una prioridad constante para la Junta de Castilla y León, y se refleja en el Plan General de Inspección de Servicios para el año 2025, que contempla la elaboración de un informe sobre el tratamiento de datos personales y una evaluación del grado de conocimiento y cumplimiento de la normativa vigente.

Para continuar con la formación en esta área, la Escuela de Administración Pública de Castilla y León ha programado cuatro cursos sobre Protección de Datos para empleados públicos, sumando un total de 125 plazas y cerca de 80 horas de formación.

Esta iniciativa no solo busca mejorar el manejo de datos dentro de la administración, sino también garantizar que todos los empleados estén al tanto de sus obligaciones en esta materia, fortaleciendo así la confianza y la seguridad en la gestión de datos personales.

Históricamente, la protección de datos ha cobrado relevancia desde la implementación de la legislación europea en materia de privacidad, que establece principios claros sobre cómo debe manejarse la información personal.

Castilla y León, al adoptar y reforzar estas medidas, se posiciona como un referente en la gestión responsable de datos en el ámbito público.