La Junta de Castilla y León, en colaboración con otras diez comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, ha enviado en las últimas horas una carta conjunta dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la que se solicita de forma reiterada la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Esta reunión resulta fundamental para debatir temas cruciales relacionados con la conservación de especies, la gestión del lobo y la implementación de políticas ambientales que afectan a varias regiones del país.

La petición se fundamenta en el artículo 12 del reglamento que regula el funcionamiento de dicha conferencia, y surge en respuesta a la negativa del Ministerio de convocar una sesión extraordinaria tras su cancelación unilateral, ocurrida el pasado 22 de julio.

Las comunidades firmantes consideran que esta suspensión carece de justificación y afecta el carácter participativo y la función consultiva del órgano, cuyo objetivo principal es coordinar acciones en materia de medio ambiente y conservación de la biodiversidad.

En la carta, los representantes regionales denuncian que el Ministerio ha justificado su decisión alegando un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo, argumento que, según las comunidades, no afecta el derecho a informar sobre el estado de conservación del lobo ni impide la discusión de otros asuntos urgentes relacionados con el medio ambiente.

Además, recuerdan que la elaboración del informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo, exigido por la Directiva de Hábitats de la Unión Europea, debe concluir antes del 31 de julio y no está vinculada a la consideración legal de la especie como protegida.

Supuestamente, la gestión del lobo en España ha sido un tema polémico desde hace décadas. Durante el siglo XX, la especie sufrió una drástica caída debido a la caza indiscriminada, pero en las últimas décadas ha experimentado una recuperación significativa gracias a leyes de protección y programas de conservación.

Sin embargo, la presencia del lobo en ciertas zonas, especialmente en Castilla y León, ha generado conflictos con la ganadería y las comunidades rurales, quienes demandan un equilibrio entre protección y gestión sostenible.

La carta también incluye otros asuntos de carácter urgente, como la distribución de fondos provenientes de los programas PIMA de Cambio Climático y Especies Críticas 2025, cuya asignación es clave para impulsar inversiones destinadas a la conservación de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.

Los firmantes advierten que, si en un plazo máximo de dos días hábiles no se atiende su solicitud, se reservan el derecho de emprender acciones legales para garantizar su derecho a la participación y a la protección del medio ambiente.

El orden del día propuesto por las comunidades contempla acuerdos sobre la distribución territorial de los fondos del programa PIMA, la asignación de recursos para la protección de especies en peligro y la aprobación del informe sexenal de la Directiva de Hábitats.

Además, se prevé un espacio para ruegos y preguntas, en busca de mayor transparencia y diálogo institucional.

Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con la legalidad, el respeto institucional y la defensa del medio ambiente y el mundo rural.

La situación del lobo continúa generando debate en diferentes ámbitos políticos y sociales, y la convocatoria de la conferencia sectorial se presenta como una oportunidad para establecer políticas coordinadas que beneficien tanto a la biodiversidad como a las comunidades afectadas, en un contexto europeo donde la protección de especies emblemáticas sigue siendo una prioridad.

Presuntamente, la gestión de la especie en el país se ha ido ajustando a normativas europeas, buscando un equilibrio entre conservación y actividad humana, aunque todavía existen muchas diferencias de opinión sobre la mejor manera de proceder.