Castilla y León, junto a otras 13 comunidades autónomas, ha decidido agarrar la delantera y preparar nuevas acciones judiciales contra el Gobierno para forzarle a cumplir con la normativa española y europea en materia de conservación del lobo ibérico.

El detonante es claro: el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) no ha enviado a la Comisión Europea el informe obligatorio sobre el estado de conservación de las especies protegidas, entre ellas el lobo, pese a que la Directiva Hábitats de 1992 exige esa remisión cada seis años.

La fecha límite para presentar el informe que corresponde al periodo 2019-2024 vencía el 31 de julio de 2025. Esa falta de entrega ha provocado una respuesta directa de la Comisión Europea, que ha abierto un procedimiento sancionador contra España por incumplimiento.

Aunque parece un trámite técnico, tiene consecuencias reales: España podría enfrentarse a sanciones económicas y a la obligación de corregir el proceso para no perder más puntos ante Bruselas.

Para poder aprobar y remitir ese informe hace falta la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que debe ser convocada por el propio MITERD.

Según el reglamento interno, la convocatoria debe hacerse cuando al menos un tercio de las comunidades lo soliciten. En varias fechas, concretamente el 21 y el 24 de julio de 2025, y de nuevo el 5 de mayo de 2026, la mayoría de las autonomías pidieron esa convocatoria extraordinaria.

A pesar de ello, el Ministerio no ha convocado la Conferencia, lo que ha desencadenado un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno central y las comunidades autonómicas.

Estas tensiones no son nuevas. El propio contexto europeo marca que los Estados Miembros deben reportar los datos sobre conservación de especies protegidas como el lobo. En España, el informe no es un trámite menor: es la verificación de que, a nivel nacional, se está haciendo lo necesario para asegurar que las poblaciones de lobo se gestionen en clave de conservación y, a la vez, de protección de ganaderos y actividades humanas que comparten el territorio.

La CE sostiene que el incumplimiento no afecta solo al lobo ibérico, sino a todas las especies para las que España debe entregar periódicamente información.

En julio de 2025 ya se preparó una propuesta para elevar el tema a la Conferencia Sectorial, pero la convocatoria fue cancelada por el Ministerio sin justificación, lo que alimentó la desconfianza entre comunidades.

Entre las comunidades que han pedido la convocatoria destacan Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a las que luego se sumó Canarias.

Todas sostienen que no puede volver a negarse la reunión, porque el tema es urgente y afecta al cumplimiento de obligaciones en materia de patrimonio natural y biodiversidad.

La respuesta del MITERD, en cambio, ha ido variando: desde argumentos sobre incendios forestales que, dicen, podrían influir en el contenido del informe, hasta la afirmación de que la Unión Europea habría concedido prórrogas que, según Bruselas, no existen.

Otra de las disputas está en el propio informe: el MITERD ha abierto trámites de información pública sobre este documento, un paso que las comunidades ven como una demora innecesaria y no previsto en la normativa, y que consideran una distracción de la evaluación real.

Mientras tanto, las comunidades siguen defendiendo que la labor técnica de los equipos regionales encargados del censo del lobo es rigurosa y está respaldada por expertos; cuestionar ese trabajo técnico, denuncian, es cuestionar también la calidad de un censo que ha coordinado y asumido el propio Ministerio.

Hasta ahora, las discrepancias señalan una polémica más amplia: la interpretación de los criterios para evaluar el estado de conservación. El MITERD sostiene que, con menos manadas y menor área de distribución que en el pasado, el estado de conservación podría ser desfavorable, y llega a comparar con el periodo 2007-2012, cuando, a su juicio, el estado era favorable pese a condiciones distintas.

Las comunidades, sin embargo, sostienen que ese criterio es subjetivo y, en cualquier caso, no puede condicionar el deber de informar a la UE.

En resumen, Castilla y León y las demás autonomías persisten en su reclamación: es necesario que el Gobierno convoque la Conferencia Sectorial a la mayor brevedad y envíe el informe sexenal a la Comisión Europea, para evitar sanciones y para que la gestión del lobo ibérico se haga con transparencia, criterios técnicos claros y un marco de convivencia entre conservación y actividad rural que no deje a nadie fuera del proceso.

El asunto está en juego no solo por el lobo, sino por la credibilidad de España ante la Unión Europea en materia de biodiversidad y cumplimiento normativo.