La Junta de Castilla y León ha activado una ayuda directa para compensar la pérdida de ingresos de las personas que se han visto afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en los centros de trabajo situados en las zonas declaradas afectadas por las inundaciones de febrero.

La medida, publicada en el Bocyl, establece una cuantía de 10 euros por cada día de suspensión o reducción de jornada, con un tope máximo de 3.000 euros por trabajador. El objetivo es evitar que estas circunstancias temporaleseros comieran el poder adquisitivo de las familias trabajadoras y, a la vez, proporcionar liquidez de forma inmediata para quienes lo necesiten.

Una de las novedades más relevantes es el anticipo del 100% de la ayuda al realizar la solicitud. Esto quiere decir que el dinero podría llegar en cuanto se tramite el expediente, sin esperar a completar toda la gestión, lo que facilita que las personas afectadas puedan afrontar gastos básicos sin demoras.

Las solicitudes podrán presentarse desde el 23 de marzo hasta el 6 de abril de 2026, ante la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, que será la encargada de la tramitación.

Podrán beneficiarse de estas subvenciones los trabajadores por cuenta ajena, incluidos aquellos con contrato indefinido fijo-discontinuo, que presten o hayan prestado servicios en centros de trabajo ubicados en las zonas afectadas.

Es imprescindible que la base de cotización de la persona no supere los 4.000 euros mensuales y que haya quedado afectada por un ERTE iniciado durante febrero de 2026. El periodo subvencionable cubre desde el 1 de febrero de 2026 hasta el 20 de octubre de 2026, de modo que la ayuda llega para cubrir buena parte de la ventana de recuperación tras la crisis.

Entre los requisitos prácticos, hay que acreditar la identidad y, si la persona no recibe prestación por desempleo, aportar un certificado de la empresa en el que consten las jornadas afectadas.

Todo ello intenta asegurar que la ayuda llegue a quienes realmente lo necesitan y, sobre todo, que sea rápida para no agravar la situación de quienes dependen de cada jornada trabajada para cubrir gastos mensuales.

Esta convocatoria extraordinaria forma parte del Acuerdo 16/2026, de 26 de febrero, que recoge diversas medidas para paliar las consecuencias de las graves inundaciones de febrero y facilitar la recuperación de las zonas afectadas.

Se han introducido además mejoras para garantizar que el apoyo llega de forma inmediata a los damnificados y para simplificar, en la medida de lo posible, la tramitación administrativa.

Conviene recordar que estas ayudas se enmarcan en un esfuerzo más amplio de la región por proteger a trabajadores y familias ante eventos meteorológicos adversos.

Aunque el contexto de cada convocatoria cambia según el momento y las necesidades, la idea central es la misma: proporcionar liquidez rápida y reducir el impacto económico de eventos temporales en el empleo.

Si alguien tiene dudas sobre si encaja o no, lo más práctico es revisar la convocatoria publicada en el Bocyl y consultar con la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, donde podrán resolver dudas específicas y orientar sobre la documentación necesaria.

Para quienes quieran ver el texto completo de la convocatoria o descargar la documentación, existe el enlace oficial disponible en la web de la JCyL y en el propio Bocyl.

En resumen, la medida busca proteger a quienes, por causas ajenas a su voluntad, han visto reducida su jornada o suspendida su actividad en un periodo crítico para la economía regional.

Es una opción adicional de apoyo directo que, de aprobarse, podría marcar una diferencia importante para muchas familias y trabajadores de Castilla y León durante los próximos meses.