Castilla y León, Galicia y Asturias acuerdan intensificar su interlocución con las instituciones europeas para exigir el cierre definitivo del procedimiento de infracción y la eliminación de las prórrogas concesionales de las autopistas AP-66 y AP-9, además de avanzar el Corredor Atlántico.
Las tres comunidades autónomas del noroeste —Castilla y León, Galicia y Asturias— han decidido subir el tono ante la Comisión Europea para reclamar avances claros en el expediente que cuestiona las prórrogas concesionales de las autopistas AP-66 y AP-9.
Tras una reunión de trabajo celebrada en Santiago de Compostela, las autoridades regionales han acordado reforzar su acción coordinada ante las instituciones europeas con el objetivo de que el procedimiento de infracción INFR(2021)4052, abierto por Bruselas, culmine de forma definitiva y, si procede, que se acabe aplicando algún recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El mensaje es claro: se trata de garantizar transparencia, igualdad de trato y una movilidad más justa para los usuarios de esa parte del noroeste peninsular.
La reunión de trabajo, a la que también asistieron representantes de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), forma continuidad a la alianza que estas comunidades mantienen desde 2023 cuando firmaron una declaración para impulsar el Corredor Atlántico y defender infraestructuras estratégicas.
Ahora, además de exigir un cierre del expediente, solicitan a Bruselas que exija al Estado la finalización de un marco claro para ese corredor y la eliminación de peajes que, según las autoridades regionales, merman la competitividad y la cohesión territorial.
Entre las líneas de acción, las tres comunidades han informado a la Comisión Europea de su voluntad de elevar, en su caso, la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no se avanza hacia una resolución definitiva conforme al Derecho comunitario.
También han manifestado su preocupación por la falta de información oficial sobre el contenido del dictamen motivado de la Comisión y la evolución del expediente, ya que solicitan acceso a la documentación sin haber recibido respuestas claras hasta ahora.
Por lo que respecta al plano económico y de movilidad, Castilla y León subraya que la continuidad de los peajes en la AP-66 y la AP-9 genera un agravio económico para los usuarios del noroeste y, en ese sentido, defiende que este tratamiento no debe repetirse en otras autopistas estatales.
En la propia intervención de la Consejería se apunta a que, mientras persistan estas diferencias, se mantendrán medidas para mitigar el impacto de los peajes.
En ese marco, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció recientemente un conjunto de bonificaciones del mínimo del 60% para usuarios recurrentes en otras autopistas de la Comunidad, un movimiento orientado a compensar a quienes usan con frecuencia estas infraestructuras.
En paralelo, el encuentro de Santiago de Compostela ha puesto sobre la mesa la necesidad de impulsar el Corredor Atlántico como infraestructura clave para la competitividad y la cohesión de la región.
Las autoridades regionales insistieron en la urgencia de que el Gobierno de España apruebe cuanto antes un Plan Director del Corredor Atlántico en Castilla y León, ya que aún no se conoce un calendario claro de actuaciones e inversiones a cuatro años para la Red Básica.
Con este fin, la Junta participa en proyectos de cooperación transfronteriza, como el POPTEC, para coordinar acciones entre Castilla y León, Galicia y la región norte de Portugal, con el objetivo de avanzar en un análisis riguroso, planificación y cooperación entre administraciones y agentes económicos.
En resumen, las tres comunidades siguen defendiendo que la resolución del expediente europeo sobre las prórrogas de las autopistas AP-66 y AP-9 es crucial para la movilidad, la competitividad y la cohesión del noroeste.
Al mismo tiempo, persiguen avanzar de forma decidida en el desarrollo del Corredor Atlántico y en un marco más claro de inversiones para Castilla y León, Galicia y Asturias, con la esperanza de que el eje logístico del noroeste de España gane en eficiencia y en oportunidades para empresas y familias.
La conversación continúa, y la expectativa es que la Unión Europea emita respuestas definitivas que clarifiquen el camino hacia una solución duradera de estas cuestiones."