La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una convocatoria de ayudas con la finalidad de facilitar que las personas que trabajan en centros de trabajo protegidos den el salto al empleo en empresas del mercado ordinario.

Lo ha publicado la Consejería de Industria, Comercio y Empleo en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), y va dirigida a las entidades asociativas sin ánimo de lucro que representan a centros especiales de empleo y a las conocidas empresas de inserción en la región.

En la práctica, se busca consolidar y reforzar una labor social y también económica: que haya más contratación en las empresas de cada día y que las personas con discapacidad, así como quienes están en situación o riesgo de exclusión social, tengan una oportunidad real de trabajar en el mercado laboral normal.

Las ayudas están pensadas para financiar gastos de las actividades que estas entidades llevan a cabo entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de agosto de 2026.

Entre esas actividades se cuentan el asesoramiento personalizado a empresas y a las administraciones públicas para fomentar la contratación inclusiva, la organización de jornadas informativas para dar a conocer estas oportunidades, el diseño y ejecución de campañas de difusión, y la elaboración de estudios y publicaciones que sirvan para estimular el empleo en el mercado ordinario.

En resumen, se trata de acompañar a las empresas y a la administración a entender y a aplicar reglas que faciliten la contratación de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

Cada entidad podrá solicitar una ayuda de hasta 25.000 euros para su proyecto, y la convocatoria parte con una financiación inicial de 45.000 euros. No obstante, si fuera necesario, esa cifra puede aumentar y llegar a 100.000 euros para atender a las demandas que surjan. El plazo para presentar las solicitudes es amplio, y se podrá hacer a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León hasta el 15 de septiembre de 2026.

Para entender el marco, conviene recordar que existen dos figuras clave para la inserción laboral de personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables: los centros especiales de empleo y las empresas de inserción.

Los primeros son empresas cuya actividad está orientada a facilitar la incorporación al mundo laboral de trabajadores con discapacidad, mientras que las segundas trabajan con colectivos en riesgo de exclusión para facilitar su acceso real al empleo, con itinerarios y apoyos específicos.

En Castilla y León, estas entidades operan junto a la Administración para crear un puente entre el empleo protegido y el mercado laboral ordinario, buscando que el trabajo estable y normal sea la regla y no la excepción.

A nivel histórico, estas políticas han ido madurando durante las últimas décadas: de reformas y normativas que conectaron el objetivo de apoyar a las personas con discapacidad con la necesidad de que las empresas tengan acceso a un talento diverso, surgieron esquemas de financiación para asesoramiento, difusión y estudios que faciliten la contratación.

Castilla y León se ha sumado a esa línea, promoviendo herramientas que ayuden a las empresas a entender los beneficios de contratar a personas con discapacidad y a gestionar los retos que a veces acompañan a estos procesos.

Para quienes estén interesados, la información completa, las bases y las instrucciones para presentar la solicitud pueden consultarse en la sede electrónica de la Junta.

Este tipo de medidas, además de apoyar a las personas que lo necesitan, buscan dinamizar el tejido empresarial regional promoviendo una economía más inclusiva y, en la práctica, una mayor cohesión social a través del empleo.

Si quieres saber más, revisa el BOCYL y las novedades que aporta esta convocatoria, así como los plazos y los requisitos para participar.