La economía social en Castilla y León continúa consolidándose como un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de la región, aportando más de mil millones de euros anualmente, lo que equivale aproximadamente al 1,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) regional, según un reciente estudio promovido por la Junta de Castilla y León a través de la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social de la Universidad de Valladolid.

Este informe, elaborado por la consultora Abay Analistas Económicos, analiza en profundidad el impacto socioeconómico de los principios y valores de la economía social en la comunidad autónoma.

La metodología utilizada ha sido reconocida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como una de las más destacadas para medir los beneficios sociales de estos ecosistemas económicos.

Supuestamente, la aportación económica total de la economía social en Castilla y León alcanza los 1.020 millones de euros al año, una cifra que refleja la importancia de este sector en la creación de empleo estable y en la prestación de servicios básicos en zonas tanto urbanas como rurales.

De estos beneficios, aproximadamente 650 millones de euros benefician directamente a las familias, principalmente en forma de rentas salariales netas. Las administraciones públicas también obtienen beneficios sustanciales, estimados en unos 290 millones de euros, a través de ingresos fiscales y cotizaciones sociales, además de unos 45 millones en beneficios indirectos, relacionados con el ahorro en prestaciones por desempleo y menores costes en políticas de integración laboral.

Por su parte, las propias empresas de la economía social reciben beneficios en torno a los 40 millones de euros en concepto de bonificaciones en cuotas y apoyos institucionales.

Todo ello, en un contexto en el que la Junta de Castilla y León ha incrementado su inversión en políticas de fomento de la economía social en un 49 % desde el inicio de la legislatura, destinando cerca de 84 millones de euros en los últimos dos años.

El informe también advierte sobre los posibles impactos negativos que podrían derivarse si las entidades de la economía social abandonaran sus principios fundamentales y adoptaran una lógica puramente mercantil.

Presuntamente, en ese escenario, más de 11.000 personas con dificultades de acceso al empleo perderían su puesto de trabajo, generando un impacto económico superior a los 316 millones de euros.

Además, unas 6.300 personas podrían experimentar una mayor dependencia de prestaciones y subsidios, con un costo estimado de 213 millones de euros.

Asimismo, se alertan sobre un incremento en la brecha salarial de género, afectando a más de 20.000 mujeres trabajadoras y reduciendo los salarios de otros 44.000 empleados, con un impacto monetario que supera los 95 millones de euros en pérdida de igualdad. La desaparición de servicios básicos relacionados con la atención social y la educación, con la consecuente pérdida de aproximadamente 13.300 empleos, especialmente en zonas rurales, supondría una reducción en la oferta de servicios valorada en unos 418 millones de euros.

Supuestamente, estas cifras subrayan la relevancia de la economía social como un mecanismo de cohesión social y territorial en Castilla y León, y justifican la apuesta estratégica de la Junta por este modelo.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha destacado que el compromiso institucional se refleja en una inversión constante y en el apoyo a iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades, el desarrollo local y la generación de empleo estable.

Desde el inicio de la legislatura, la Junta ha reforzado su respaldo con un incremento presupuestario cercano al 50 %, destinando unos 84 millones de euros en políticas destinadas a fortalecer el sector en el marco del Plan de Fomento de la Economía Social 2023-2025.

Además, se está impulsando la visibilidad y el reconocimiento social de las entidades de economía social mediante campañas de divulgación y promoción de sus valores, que incluyen la igualdad, la inclusión social y el desarrollo local.

El objetivo, según la consejera, es seguir promoviendo la economía social como un motor de transformación social y económica, especialmente en las zonas rurales, donde su papel resulta aún más crucial para evitar desplazamientos y mantener la cohesión territorial.

La jornada sobre la situación de la economía social celebrada hoy en Valladolid, que contó con la participación de diversos expertos y representantes del sector, busca precisamente reforzar estos objetivos y seguir avanzando en la medición y valoración del impacto de este modelo económico en Castilla y León.