La Junta de Castilla y León ha decidido potenciar significativamente su inversión en ciberseguridad en 2025, destinando un total de aproximadamente 2,2 millones de euros, lo que equivale a unos 2 millones de euros en moneda local, duplicando así el presupuesto asignado en años anteriores.

Esta decisión se enmarca en la necesidad imperante de fortalecer las defensas digitales de la administración autonómica, especialmente ante un aumento sustancial en el número y la complejidad de los ciberataques que enfrentan las instituciones públicas.

El centro neurálgico de esta estrategia es el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), un espacio especializado desde el cual se monitorizan, analizan y gestionan todos los incidentes relacionados con la seguridad digital en la Red Corporativa y en los centros educativos de la región.

Solo en 2024, se gestionaron cerca de 15.000 alertas de seguridad que derivaron en más de 1.500 incidentes, cifras que reflejan un crecimiento acelerado respecto a años anteriores. Este incremento se atribuye en gran medida a la digitalización acelerada de los servicios públicos y a la expansión de la superficie de ataque digital.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, subrayó en el cierre del foro ‘Ciberseguridad, vector clave en el nuevo orden mundial’ celebrado en Valladolid, que “la protección digital ya no es una opción, sino una obligación para garantizar la continuidad y seguridad de los servicios públicos digitales”.

Añadió que esta inversión no solo asegura la operación del SOC con personal técnico altamente capacitado, sino que también contempla la renovación periódica de la infraestructura tecnológica, incluyendo cortafuegos y sistemas de detección de intrusiones (IDS/IPS), esenciales para cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y adaptarse a las exigencias del entorno digital.

La apuesta por la ciberseguridad en Castilla y León refleja una tendencia nacional e internacional, donde los gobiernos y entidades públicas destinan cada vez más recursos a proteger sus sistemas frente a amenazas cibernéticas.

Desde la historia de los primeros virus informáticos en los años 80 hasta las recientes y sofisticadas campañas de ransomware, la protección digital ha pasado a ser un pilar fundamental en la gestión pública.

Además, la Junta mantiene su compromiso con el proyecto RETECH de ciberseguridad, RED-ARGOS, que cuenta con una financiación de aproximadamente 20,5 millones de euros, unos 18 millones en moneda local, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por Next Generation EU.

Este proyecto, en colaboración con comunidades como Euskadi y Andalucía, busca fortalecer el ecosistema nacional de ciberseguridad, implantando nodos especializados en sectores estratégicos como movilidad y aeroespacial.

El trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), con sede en León, es clave para avanzar en la protección digital de la región.

La colaboración con INCIBE, pionera en Europa, ha sido fundamental en la creación de políticas, formación y en la implementación de tecnologías avanzadas para detectar y responder a amenazas en tiempo real.

La apuesta por una transformación digital segura busca no solo proteger los datos y la privacidad de los ciudadanos, sino también consolidar la competitividad de Castilla y León en el escenario tecnológico europeo.

En resumen, esta inversión reforzada en ciberseguridad refleja la voluntad de la Junta de Castilla y León de mantenerse a la vanguardia en la protección de sus servicios digitales, garantizando una administración moderna, segura y confiable para todos sus ciudadanos, en un entorno donde las amenazas cibernéticas continúan evolucionando rápidamente y exigiendo respuestas cada vez más ágiles y eficientes.