La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, junto a los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) de la región, han acudido a Bruselas para trasladar una postura conjunta en defensa del sector agrícola y ganadero ante las propuestas para la futura Política Agraria Común (PAC) 2028-2034.

La visita coincide con las sesiones del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, donde se ha debatido ampliamente sobre el futuro de esta política esencial para el sector rural europeo.

Supuestamente, la delegación de Castilla y León expresó su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea que contempla un recorte de aproximadamente un 22 % en el presupuesto destinado a la PAC en los próximos años, así como la eliminación del esquema actual de fondos diferenciados para apoyar los ingresos agrícolas y el desarrollo rural.

La consejera de Agricultura, María González Corral, destacó que la PAC no puede perder fuerza financiera, ya que esto supondría renunciar a su principal objetivo: garantizar la soberanía alimentaria y sostener a los agricultores y ganaderos en una región con una larga tradición agrícola.

Desde la región, se remarcó que la estructura de dos pilares de la PAC, con pagos directos y fondos para el desarrollo rural, es fundamental para mantener la estabilidad y el crecimiento del sector.

Además, presuntamente, se subrayó la importancia de reforzar la financiación para impulsar la innovación, la digitalización y las infraestructuras hídricas, así como promover el relevo generacional en el campo, un aspecto crítico para garantizar la continuidad de las explotaciones agrícolas.

En el marco de su visita, la consejera y su equipo mantuvieron reuniones con altos responsables de la Comisión Europea, como Diego Canga, director general adjunto de Agricultura, a quienes supuestamente trasladaron la necesidad de que la PAC preserve su presupuesto y sus pilares esenciales.

También se presentaron en el Parlamento Europeo, donde se analizó el Informe de Iniciativa sobre el futuro de la PAC, aprobado por una amplia mayoría, que aboga por un presupuesto más robusto e independiente, diferenciando claramente entre ayudas directas y fondos para el desarrollo rural.

González Corral afirmó que la postura de Castilla y León coincide con las recomendaciones del informe, que también resalta la simplificación administrativa, la protección del relevo generacional y la reciprocidad en las relaciones comerciales internacionales.

La representante regional pidió al Gobierno central y a los responsables políticos europeos que sean firmes en la defensa de los intereses del sector primario, especialmente ante la asignación de fondos que, según las últimas cifras, para España en 2028 se reduciría en aproximadamente 11.600 millones de euros respecto al marco actual, poniendo en riesgo la estabilidad económica de los agricultores y ganaderos.

Supuestamente, la declaración institucional firmada en mayo por la Junta y las OPAs de Castilla y León establece propuestas concretas como la continuidad de los fondos FEAGA y FEADER con mayores dotaciones, la búsqueda de precios justos en la cadena de valor, y medidas de apoyo a la innovación y sostenibilidad ambiental.

Además, se resaltó el papel de las regiones europeas en la elaboración de la política agraria, y la participación activa en reuniones del grupo de Agriregions para garantizar que las voces de Castilla y León sean escuchadas en la negociación de la nueva PAC.

En conclusión, la delegación de Castilla y León continúa trabajando en Bruselas para defender un modelo agrícola fuerte y sostenido que garantice el bienestar del sector rural, consciente de que los próximos años serán decisivos para consolidar un futuro próspero para la agricultura de la región y de toda Europa.