Castilla y León se posiciona con claridad ante el Gobierno central: mantener la unidad del cuerpo de habilitación nacional, compuesto por secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local, y avanzar además hacia un Estatuto básico que adapte las cargas administrativas a la realidad de los ayuntamientos de menor tamaño.

Todo ello quedó claro durante la inauguración del Congreso Nacional de COSITAL en Valladolid, donde el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, dejó igual de claro que, si se separan o se fragmenta ese conjunto de profesionales, se corre el riesgo de perder una garantía histórica de unidad, estándares de profesionalidad y control en toda España.

Gago recordó que la realidad de Castilla y León es particularmente exigente: cuenta con 2.248 municipios, una cuarta parte de los existentes en España, además de 2.208 entidades locales menores, nueve diputaciones provinciales, una comarca y 240 mancomunidades. Este mosaico territorial convierte en un reto permanente la cobertura de los puestos reservados a la habilitación nacional. En esa línea, el consejero pidió al Gobierno central un impulso decidido a las oposiciones para opositores de habilitación nacional y medidas que permitan aumentar la cobertura efectiva de plazas y agilizar los procesos selectivos.

En sus palabras, es esencial fomentar las oposiciones por turno libre y estudiar incentivos para los aspirantes, para evitar cuellos de botella que afecten a la gestión local.

El consejero también se refirió al proceso de estabilización del personal interino derivado de la normativa aprobada en 2021, una medida que, desde su punto de vista, ha sido necesaria para cumplir con las exigencias europeas pero que ha resultado “francamente mejorable” en su diseño y ejecución.

En este punto, advirtió de las dificultades específicas que genera esta situación para la habilitación nacional y de posibles consecuencias indemnizatorias para muchas corporaciones locales, además de la falta de soluciones claras por parte del Gobierno de España.

Señaló además que este marco podría derivar en numerosos procesos judiciales en los próximos meses si no se corrigen los déficits.

Otra pieza clave de la intervención fue la necesidad de aprobar cuanto antes un Estatuto básico para los pequeños municipios que adapte las obligaciones administrativas a la realidad de los ayuntamientos con menos capacidad técnica y organizativa.

“No podemos exigir a un ayuntamiento de reducida dimensión cargas burocráticas pensadas para administraciones con otra capacidad organizativa y técnica.

Es necesario flexibilizar de verdad las exigencias jurídicas, económicas, presupuestarias y contables para los pequeños municipios”, afirmó el consejero.

En cuanto al apoyo concreto de la Junta a la gestión de los pequeños ayuntamientos, González Gago enumeró las medidas ya en marcha para reforzar la capacidad de gestión de las entidades locales.

Destacó la bolsa autonómica de secretarios-interventores interinos creada para cubrir la falta de funcionarios de carrera en numerosos ayuntamientos.

Gracias a esta herramienta, hoy más de 1.000 entidades locales de Castilla y León cuentan con uno de estos empleados públicos, fundamentales para el día a día de la gestión municipal. También remarcó la formación específica de la Escala, impartida por la Escuela de Administración Pública de la Junta de Castilla y León y por la Federación Regional de Municipios y Provincias.

Además, hizo hincapié en los instrumentos de cooperación económica local, en particular el fortalecimiento de los servicios de asistencia a municipios de las diputaciones provinciales.

Existe, asimismo, una estrategia de simplificación administrativa diseñada junto a representantes de la habilitación nacional de la Comunidad para reducir cargas burocráticas, evitar pedir reiteradamente la misma documentación y agilizar trámites.

En su cierre, el consejero felicitó a COSITAL por la organización del Congreso y por haber elegido Castilla y León como sede de un encuentro centrado en la cohesión territorial y el servicio público, dos cuestiones que, a su juicio, son claves para el futuro de la administración local.

La visión de la Junta es clara: avanzar hacia un marco estable, uniforme y eficiente que permita a los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, prestar servicios de calidad sin ser ahogados por la burocracia ni por diferencias entre comunidades.

Este discurso encaja con un debate que se ha ido moviendo en las últimas décadas. La idea de mantener un marco común para la habilitación nacional ha sido, históricamente, una pieza clave para garantizar estándares de profesionalidad, independencia y control sin importar la comunidad autónoma.

En España, las estructuras locales han buscado siempre equilibrar la necesidad de rigor técnico con la autonomía de gestión de cada municipio. Castilla y León, por su tamaño y su dispersión territorial, ha sido una de las comunidades que más ha aplicado estas políticas, a la vez que ha sentido de primera mano las tensiones entre centralismo y descentralización.

En este contexto, la propuesta de un Estatuto básico para pueblos pequeños y la continuidad de una bolsa de apoyo para la habilitación nacional no solo buscan eficiencia administrativa, sino también estabilidad para una gestión local que afecta directamente a la vida diaria de miles de vecinos, desde el alumbrado y la recogida de basura hasta las ayudas sociales y la gestión de inversiones en infraestructuras locales.

Así, el foco está puesto en que cada euro gasto se traduzca en servicios reales y cercanos, sin perder la coherencia y la calidad que, a lo largo de los años, ha caracterizado a la profesionalidad de estos cuerpos técnicos en todo el país.