La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una nueva bolsa de trabajo para cubrir de forma temporal los puestos de secretario-interventor en los ayuntamientos de la comunidad.

Esta segunda bolsa, que suma 1.243 efectivos, se organiza en dos secciones para facilitar que los consistorios cuenten con personal cualificado ante vacantes, jubilaciones u otras ausencias de los titulares.

Esta medida ha sido publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León y responde a la necesidad de asegurar la función pública local, especialmente en los pequeños municipios donde una sola plaza puede marcar la diferencia entre que la gestión siga funcionando con normalidad o se vea truncada por una ausencia temporal.

La bolsa está dividida en dos secciones: la Sección 1 cuenta con 303 personas y se compone con la relación de aspirantes remitida por el Instituto Nacional de Administración Pública (inefablemente, aspirantes que habían aprobado alguno de sus ejercicios y que expresaron interés en pertenecer a esta bolsa autonómica) sin haber superado el proceso selectivo.

Por su parte, la Sección 2 agrupa a 940 personas: dentro de ella están quienes han superado el curso de acceso organizado por la Consejería de la Presidencia (204) y aquellos que estaban exentos de participar en ese proceso de formación, conforme al Decreto de 22 de septiembre de 2022 que regula este procedimiento.

Como novedad, 338 personas se incorporan por primera vez a esta segunda sección, lo que eleva la presencia de perfiles ya formados para cubrir vacantes de forma rápida y eficaz.

El primer llamamiento de esta nueva edición de la bolsa tendrá lugar el próximo lunes 22 de junio. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado que esta bolsa se ha consolidado como una herramienta eficaz para garantizar que los ayuntamientos dispongan de profesionales cualificados cuando se producen vacantes o ausencias temporales.

En su visión, la bolsa ofrece seguridad jurídica y continuidad en el servicio público local, algo especialmente sensible en el marco de los municipios pequeños y medianos que componen la mayor parte de la comunidad.

Una herramienta consolidada al servicio de las entidades locales. El secretario-interventor desempeña una función esencial para el correcto funcionamiento de los ayuntamientos: su labor abarca asesoramiento legal, fe pública y control económico y presupuestario, funciones que requieren autonomía, rigor técnico y presencia constante en la administración municipal.

La experiencia de la primera edición, vigente desde septiembre de 2023, ya demostró su utilidad para atender las necesidades de cobertura temporal de puestos en la mayoría de los municipios de la comunidad.

Según los datos de la primera edición, la bolsa ha permitido garantizar la cobertura temporal en 1.171 municipios de Castilla y León, es decir, más del 52% del total de la red municipal. La mayor parte de estos municipios (899) forman parte de agrupaciones de municipios que comparten secretario-interventor (320 agrupaciones). Además, se han nombrado interinos en 238 municipios con plaza de secretario individual y en 2 mancomunidades. También han hecho uso de la bolsa las Diputaciones de Segovia y Zamora, y el Consejo Comarcal del Bierzo. Estos números ponen de manifiesto la trascendencia de la herramienta para sostener el funcionamiento ordinario de las entidades locales, especialmente en el medio rural, donde la dedicación de personal cualificado resulta crucial para la seguridad jurídica y la gestión adecuada de los recursos públicos.

González Gago ha subrayado que la incorporación de nuevos efectivos permitirá seguir reforzando la capacidad de gestión de las entidades locales, especialmente de los municipios más pequeños, donde estas figuras resultan esenciales para garantizar la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento de la administración municipal.

Con la apertura de la segunda edición, la Junta refuerza su compromiso con la administración local y la prestación de servicios básicos en toda la Comunidad.

En resumen, se trata de una medida estratégica para consolidar la gobernanza local y evitar que la falta de personal impida tramites, controles y decisiones necesarias para la vida diaria de los vecinos y vecinas de Castilla y León.