El pasado martes 29 de abril, Argentina dio un paso importante en el fortalecimiento de la transparencia ambiental con la realización de un taller virtual titulado “Desafíos de la implementación del Acuerdo de Escazú”.

Este encuentro fue organizado por la Comisión de Transparencia del Consejo Federal para la Transparencia (CFT) y contó con la participación de representantes de diversas provincias, incluyendo Buenos Aires, San Juan, Chaco, Mendoza y San Luis, además de autoridades nacionales.

La apertura estuvo a cargo de Analía Zimmermann, representante del CFT, quien resaltó la relevancia de mejorar el acceso a la información ambiental como pilar fundamental para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en el marco del Acuerdo de Escazú, firmado en 2018 en Costa Rica y que entró en vigor en 2021.

Este acuerdo regional busca garantizar derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, promoviendo una mayor transparencia y rendición de cuentas.

Luciana Carpinacci, Directora Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia, presentó la agenda del encuentro, que incluyó exposiciones técnicas, debates federales y propuestas de trabajo conjunto para potenciar la gestión de información ambiental.

Durante la primera parte del taller, expertos como Luciano Acevedo y Catalina Byrne detallaron el marco normativo vigente en Argentina en materia de transparencia ambiental, haciendo énfasis en las obligaciones que establecen las leyes nacionales y provinciales, además del compromiso asumido mediante el Acuerdo de Escazú.

La normativa argentina, que data de la ley de acceso a la información pública de 2017, establece la obligación de publicar datos ambientales de manera clara y accesible.

Posteriormente, Daniela Casaretto del OGDAI y Julián Corvaglia de la Agencia Nacional de Datos Ambientales presentaron un estudio regional elaborado en el marco de la Red de Transparencia Ambiental (RTA).

Propusieron mejoras en la presentación y la accesibilidad de los contenidos en los sitios web oficiales, con el objetivo de facilitar la consulta por parte de la ciudadanía.

En la segunda mitad del encuentro, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) expuso su Marco de Desarrollo de Estadísticas Ambientales, con aportes de Pablo Ceballos y Gabriela Ackerman.

La iniciativa busca fortalecer la recopilación y difusión de datos estadísticos ambientales en todo el país.

Asimismo, Alan Gareca compartió los resultados de un relevamiento realizado en cinco jurisdicciones: San Juan, San Luis, Mendoza, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Este estudio evaluó la publicación de información ambiental en sus sitios web, detectando buenas prácticas y áreas de mejora.

Un ejemplo destacado fue la página web de Activos Ambientales de la provincia de Chaco, presentada por Víctor Rodríguez, que representa una experiencia innovadora en la gestión y acceso a datos ambientales relevantes para la ciudadanía y las instituciones.

El cierre del taller estuvo a cargo de Luciana Carpinacci, quien agradeció la participación de las provincias y resaltó los avances logrados en materia de cooperación.

Se consensuó seguir trabajando en una agenda federal que promueva la transparencia ambiental, basada en el intercambio de buenas prácticas, la armonización normativa y el compromiso con los principios del Acuerdo de Escazú.

Además, se destacó la importancia de fortalecer las plataformas digitales y la publicación de datos en línea, considerando que en Argentina, el presupuesto destinado a la gestión ambiental y a la digitalización de la información pública ha aumentado en los últimos años, con inversiones que superaron los 200 millones de euros en 2024, destinados a mejorar los sistemas de información y la conectividad en las provincias.

Este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso del país con la protección del medio ambiente y la participación ciudadana, aspectos clave en la agenda internacional y en los esfuerzos por alcanzar un desarrollo sostenible.

La implementación efectiva del Acuerdo de Escazú en Argentina es vista como un ejemplo de cómo la colaboración entre diferentes niveles de gobierno puede traducirse en mejores políticas públicas y mayor transparencia en la gestión ambiental.