Buenos Aires está en un momento clave para fortalecer su sistema de seguridad y justicia mediante la creación de un servicio penitenciario propio, una iniciativa que busca dotar a la ciudad de mayor autonomía en la gestión de sus detenidos y mejorar las condiciones del sistema penitenciario local.

La propuesta, que actualmente avanza en la Legislatura porteña a través de un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, pretende que la ciudad pueda custodiar y administrar a sus presos sin depender del ámbito nacional, lo que, según las autoridades, facilitará respuestas más rápidas y eficientes ante los delitos cometidos en la jurisdicción local.

Supuestamente, esta medida forma parte de una estrategia integral para reducir los problemas de sobrepoblación carcelaria y mejorar las condiciones en las que se encuentran los internos.

La iniciativa cuenta con el respaldo de expertos en criminología y derechos humanos, quienes consideran que la autonomía penitenciaria puede ser un paso fundamental para garantizar una política de seguridad más efectiva y ajustada a las necesidades específicas de Buenos Aires.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, resaltó en una reciente jornada sobre políticas penitenciarias en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad que la autonomía penitenciaria permitirá a Buenos Aires custodiar a sus presos y detenidos sin depender de decisiones externas, lo que facilitará la implementación de políticas más adaptadas a la realidad local.

"Para ser realmente autónomos, tenemos que poder custodiar a nuestros presos y detenidos. Solo así lograremos una política de seguridad integral para la ciudad", afirmó Tapia.

Supuestamente, en su intervención también mencionó que el sistema actual, que depende del gobierno nacional, limita la capacidad de respuesta de la ciudad ante delitos locales y genera demoras en la gestión de los internos.

La creación de un sistema penitenciario propio sería una solución a corto plazo para mejorar la custodia y el tratamiento de los presos, además de aliviar la carga del sistema nacional.

Durante el encuentro, que se realizó en el Salón Plenario “Dr. Enzo Pagani”, Tapia estuvo acompañado por el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperin, y participaron magistrados, fiscales, defensores y especialistas internacionales, como la italiana Luisa Ravagnani, experta en derechos humanos y criminología.

Presuntamente, Ravagnani expuso diferentes perspectivas sobre los desafíos actuales y futuros de los sistemas penitenciarios, haciendo énfasis en la importancia de incluir a las personas privadas de la libertad en la toma de decisiones y en la formación del personal penitenciario.

Supuestamente, Ravagnani señaló que en Italia, donde también existe un sistema penitenciario autónomo, la participación de los internos en actividades y decisiones dentro de las cárceles ha sido limitada, pero que es fundamental involucrarlos para cumplir con los objetivos de reinserción social.

Además, Halperin comparó la realidad argentina con la europea, destacando que ambos países comparten aspectos culturales y conceptuales sobre la pena, que han evolucionado con el tiempo.

"La mirada que tenemos hoy en día sobre la justicia y la pena no es la misma que en décadas pasadas", remarcó.

Este debate en la ciudad de Buenos Aires llega en un momento en que se intensifican los esfuerzos legislativos y administrativos para concretar el proyecto, que busca modernizar y humanizar el sistema penitenciario local.

La creación de un servicio penitenciario propio no solo permitirá mayor autonomía y control, sino también facilitará la implementación de políticas más humanas y eficaces en la gestión de la seguridad y la justicia en la ciudad, en línea con las tendencias internacionales.

Supuestamente, si la ley prospera, Buenos Aires podría contar con su propio sistema penitenciario en los próximos años, lo que marcaría un precedente en la región.

La iniciativa ha generado un amplio debate público acerca de la autonomía de las ciudades en materia de seguridad y justicia, y sobre cómo mejorar la gestión de los internos para reducir la reincidencia y promover una reinserción social efectiva.

La comunidad y los actores del sistema judicial esperan que esta medida contribuya a una ciudad más segura y justa para todos.