Zaragoza ha aprobado hoy reclamar al Gobierno de España los gastos extraordinarios ocasionados por la aplicación del decreto para la regularización de inmigrantes, argumentando que este procedimiento debería haber venido acompañado de una memoria económica y de una dotación extraordinaria para su gestión.

La consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento, Marian Orós, comunicó en rueda de prensa el acuerdo de Gobierno que ha aprobado iniciar los procedimientos y emprender las acciones legales procedentes para reclamar al Gobierno de España el reconocimiento del derecho del Ayuntamiento a ser indemnizado por estos gastos.

Ante una regularización extraordinaria, Orós añadió que lo lógico habría sido que este decreto viniera acompañado de una memoria económica y de una dotación, puesto que el Gobierno de España va a recaudar, mediante tasas, cantidades cercanas a los 20 millones de euros si se regularizaran 500.000 inmigrantes, o 40 millones si el número llega a un millón. Por ello, ante la ausencia de esa memoria económica, el Ayuntamiento ha decidido recopilar los gastos extraordinarios que este proceso ha supuesto para la ciudad, reclamándolos al Gobierno central.

"Estamos cansados del yo invito y tú pagas", subrayó la portavoz de la administración local.

A la vez, el consistorio ha señalado que, desde que se inició el procedimiento, ha atendido a las personas inmigrantes pese a tratarse de un tema de alcance nacional que, en palabras de Orós, se ha impuesto "sin transparencia ni planificación" y sin contar con las administraciones locales ni con las entidades.

La falta de información y coordinación ha sido, según la responsable municipal, la guía que ha marcado el desarrollo del proceso, generando tensión en los ayuntamientos y en las personas inmigrantes.

La alcaldía recordó además que ya se solicitó el 28 de febrero al delegado de Gobierno en Aragón más información sobre la aplicación del decreto; la respuesta fue que no correspondía a competencias municipales.

A partir de entonces se produjeron las colas a las puertas de los ayuntamientos, un detalle que, según el Ayuntamiento, se podría haber evitado con una mejor coordinación.

A pesar del caos inicial, el Gobierno municipal actuó con rapidez para organizar el dispositivo sin afectar el funcionamiento ordinario de los servicios sociales y buscando la mayor eficacia.

En este ámbito se destacan cifras como 3.392 personas atendidas a través de la línea 900, 3.164 citas asignadas por este canal y 959 informes de vulnerabilidad elaborados en nueve días, desde que la gestión se centralizó en la Casa de las Culturas el 27 de abril.

Hasta el 7 de mayo, en nueve días hábiles (faltó un puente festivo), se habían generado estos 959 informes.

La consejera ha apuntado que a finales de mes valorará si es necesario reforzar el operativo, aunque dependerá de si el Gobierno decide ampliar el plazo y del pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el procedimiento, cuyo fallo se esperaba para este mes de mayo.

En paralelo, se mantiene la evaluación de recursos y procedimientos para simplificar y acelerar las gestiones.

Desde los primeros días, el Ayuntamiento adoptó medidas para atender la avalancha de solicitudes y a las personas que hacían cola para ser atendidas.

Entre las medidas destacan la adaptación del modelo de acreditación de vulnerabilidad para continuar con su valoración mientras se resuelven las dudas jurídicas, la habilitación de agendas de cita previa mediante la línea 900 700 107, la recopilación de las solicitudes registradas y el acceso de los profesionales de la Casa de las Culturas a las aplicaciones de Servicios Sociales para la gestión y verificación de expedientes.

Contextualmente, este tipo de tensiones entre ayuntamientos y el Gobierno central no es un fenómeno aislado: históricamente las administraciones locales han pedido más claridad y recursos para gestionar los efectos de la inmigración, y las decisiones tomadas desde Madrid han generado debates sobre competencias y financiación.

En ese marco, Zaragoza mantiene su postura: exigir transparencia, costes reconocidos y mecanismos económicos que acompañen las políticas de regularización para evitar que las ciudades queden desamparadas ante gastos no previstos que impactan directamente en los servicios sociales y en la atención a las personas que llegan buscando mejores condiciones de vida.