El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del área de Políticas Sociales, empezará el próximo lunes la elaboración de informes de vulnerabilidad dirigidos a personas migrantes en la Casa de las Culturas, equipamiento de referencia de la ciudad para atender a este colectivo.

Así lo ha anunciado la consejera Marian Orós durante la Comisión plenaria del área. Esta actuación forma parte del plan que el Consistorio ha puesto en marcha en los últimos días para responder al proceso de regularización masiva promovido por el Gobierno de España.

Ayer, el Ayuntamiento remitió un requerimiento al Delegado del Gobierno solicitando aclaraciones sobre varios aspectos del decreto, mientras avanza en la organización del servicio.

El servicio se centralizará en la Casa de las Culturas, con atención en horario de mañana y tarde, y contará con un equipo de unas 15 personas, entre trabajadores sociales y personal administrativo, reforzado con la colaboración de los centros municipales de servicios sociales para contrastar la información.

En el Registro Municipal de la Plaza del Pilar seguirán atendiendo a quienes pidan el certificado de empadronamiento, necesario para acreditar la estancia en España dentro del plazo mínimo previsto por el real decreto.

Desde el lunes se van a empezar a elaborar los informes de vulnerabilidad, pero con garantías, ha señalado Orós, quien explicó que es sencillo acreditar la situación de las personas que ya están en contacto con los servicios sociales, pero que esperan que el Gobierno aclare criterios objetivos para poder hacerlo con seguridad jurídica.

Entre las medidas adoptadas por el Ayuntamiento en los últimos días, se ha adaptado el modelo de acreditación de la vulnerabilidad para poder continuar con su evaluación mientras el Gobierno no resuelva las dudas jurídicas existentes; se han habilitado agendas de cita previa a través de la línea 900 700 107; se han recopilado las solicitudes registradas; y se ha facilitado a los profesionales de la Casa de las Culturas el acceso a las aplicaciones de Servicios Sociales para la gestión y verificación de los expedientes.

La consejera ha subrayado que el Ayuntamiento ha actuado con rapidez para organizar el dispositivo sin afectar al funcionamiento ordinario de los servicios sociales: este Ayuntamiento no va a colapsar los centros municipales y no va a permitir que una persona que necesita una ayuda urgente tenga que esperar semanas por el caos que este proceso ha generado.

Durante su intervención, Orós fue crítica con la gestión estatal del proceso de regularización, al que calificó como un decreto impuesto y opaco, del que los ayuntamientos y las entidades sociales se han enterado por los medios y por el BOE.

Asimismo, denunció la falta de planificación y las consecuencias que ya se están evidenciando: el caos y la frustración, tanto en las administraciones locales como en las propias personas migrantes, que tienen una sensación de estafa.

También recordó que el informe del Consejo de Estado sobre este proceso es demoledor y afirmó que la improvisación del Ejecutivo central es visible; si se hubiera querido hacerlo bien y de manera ordenada, se habría planteado de otra forma.

Por último, insistió en la necesidad de que el Gobierno responda con urgencia al requerimiento enviado por el Ayuntamiento para poder seguir avanzando con seguridad, rigor y garantías jurídicas en la atención a las personas afectadas.