El Gobierno de Zaragoza, encabezado por Natalia Chueca, ha rechazado de forma contundente la regularización masiva anunciada por el Ejecutivo central y advierte de la posibilidad de que la medida se lleve a efecto sin la planificación ni los recursos necesarios.

La reacción llega tras las declaraciones de la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, quien compareció ante los medios para anunciar el envío de una carta al delegado del Gobierno de España en Aragón.

En el texto, el Ayuntamiento manifiesta su preocupación y exige coordinación entre las distintas administraciones, así como una memoria económica y un plan de financiación que evite cargar de forma indiscriminada la atención a los ciudadanos y a los servicios públicos municipales.

Orós explicó que la carta expresa el rechazo del Gobierno municipal a la iniciativa anunciada por el Ejecutivo central, al considerarla improvisada y carente de una estimación operativa y de una planificación que contemple las experiencias y las necesidades de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

En su versión, se trata de una medida que, según la consejera, resulta inasumible, podría incentivar el incumplimiento de la ley y actuar como un señuelo para quienes no cumplen la normativa vigente, a la vez que introduce riesgos para la seguridad de las ciudades y para la sostenibilidad de los servicios sociales municipales.

"Es una medida que va en contra de las políticas migratorias de la Unión Europea y del Pacto Europeo de migración y asilo", añadió la responsable regional.

ANUNCIO SIN CIFRAS CLARAS NI PLANIFICACIÓN

La consejera subrayó la falta de concreción por parte del Gobierno de España respecto al número de personas que podrían acogerse al proceso de regularización.

En palabras de Orós, se manejan cifras que oscilan entre cientos de miles y más de dos millones si se contemplara la reagrupación familiar, pero no hay una estimación oficial clara ni estudios técnicos que respalden esas hipótesis.

En Aragón, las estimaciones que se han filtrado a entidades sociales sitúan el rango entre 12.000 y 15.000 personas, sin que exista previsión técnica ni proyecciones detalladas que acompañen ese dato.

La alcaldesa y el equipo municipal advierten que, de aprobarse sin una planificación adecuada, el Estado podría generar de facto una nueva ciudad vulnerable dentro de las urbes ya existentes, sin aportar un euro adicional para reforzar los servicios públicos que deben asumir los municipios.

En este sentido, la consejera también apuntó que la medida podría transferir costes y responsabilidades a las administraciones locales, lo que el Ayuntamiento considera inasumible si no se acompaña de recursos concomitantes.

TRANSFERENCIA DE COSTES Y RIESGO DE COLAPSO MUNICIPAL

El informe municipal recuerda que, según datos citados por Orós, alrededor del 80% de las personas sin hogar en Zaragoza son inmigrantes y, de ellas, el 93% se encuentran en situación irregular, según el estudio reciente titulado 'Estudio de la realidad social del sinhogarismo en Zaragoza', elaborado por el Ayuntamiento con la colaboración de Cruz Roja.

En consecuencia, la regularización masiva podría traducirse en una presión inmediata sobre los servicios sociales municipales, la vivienda, la inclusión sociolaboral y la atención jurídica.

Además, los informes de vulnerabilidad previstos por la nueva norma podrían recaer en los centros municipales de servicios sociales, generando una avalancha administrativa sin refuerzo de personal ni financiación adicional.

IMPACTO EN ZARAGOZA

Si se extrapolan las cifras a nivel nacional, la ciudad podría enfrentar un aumento significativo de usuarios en sus servicios sociales, una mayor presión sobre el mercado de la vivienda y una saturación de recursos de inclusión, además de una sobrecarga para los profesionales municipales.

Todo ello sin una financiación estructural adicional proveniente del Estado. En la carta remitida al delegado del Gobierno en Aragón, el Ayuntamiento solicita información oficial y detallada sobre la estimación concreta de personas que podrían acogerse a la regularización en Zaragoza, desglosada por procedimiento; los refuerzos de personal previstos en las Oficinas de Extranjería y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; la previsión de tiempos de resolución; la existencia de una memoria económica y la dotación presupuestaria específica para Zaragoza; la financiación adicional que se transferirá al municipio para atender el incremento de demanda en servicios sociales, informes de vulnerabilidad, orientación jurídica e inclusión sociolaboral; el volumen estimado de informes que deberán emitir los servicios municipales; y los mecanismos de coordinación institucional y de información pública.

DUDAS JURÍDICAS Y OPERATIVAS

La consejera también señaló las posibles dificultades técnicas del procedimiento, como la obtención de antecedentes penales de los países de origen, la eventual sustitución de documentación oficial por declaraciones responsables y la falta de claridad sobre la situación de personas con antecedentes policiales no firmes.

Asimismo, enfatizó que el plazo proyectado, de abril a junio de 2026, resulta insuficiente para tramitar un proceso de tal magnitud sin generar colapso y errores administrativos, particularmente en un contexto en el que no se han creado oficinas específicas ni se ha desarrollado una estrategia clara de información pública.

El Gobierno municipal reitera su compromiso con una política migratoria ordenada, basada en seguridad jurídica, planificación real, integración vinculada al empleo y responsabilidad institucional.

"Lo que no aceptamos es improvisación, electoralismo y transferencia de costes sin financiación. Regularizar sin planificación es generar frustración futura y riesgo de colapso para los municipios", concluye Marian Orós.

Supuestamente, algunos observadores ajenos al consistorio sostienen que la presión mediática y la necesidad de resultados a corto plazo podrían haber llevado a este tipo de anuncios en la arena política, aunque desde Zaragoza se insiste en que la experiencia demuestra que la migración debe gestionarse con criterios de sostenibilidad y con un marco presupuestario claro.

Presuntamente, la ciudad podría haber contado en el pasado con programas piloto de inclusión que, si se mantienen, quedarían desdibujados ante un marco regulatorio tan amplio y centralizado.

En cualquier caso, el consistorio recalca que la respuesta local debe ser coordinada y proporcionada a las necesidades reales de la población, evitando configuraciones que pongan en riesgo la cohesión social y la calidad de vida en la ciudad.