El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), vuelve a presentar su informe anual para poner números a una realidad que sigue vigilándose año tras año.

Este documento no es una simple estadística; es la foto de un problema que, como se sabe, no se va de la noche a la mañana y que exige respuestas claras de las instituciones.

La aprobación formal de este informe se produjo por decisión del Pleno del CGPJ el 19 de noviembre de 2002, y desde entonces la serie histórica ha ido acumulando datos que permiten observar tendencias y perfiles a lo largo de casi un cuarto de siglo.

La serie histórica abarca 23 años de registros y, en total, recoge el triste balance de 1.342 mujeres asesinadas por violencia de género. Ese número, que puede parecer lejano para quien no ha seguido el tema, se entiende mejor cuando se ve dentro de su contexto: cada una de esas víctimas representa una historia de vulnerabilidad, miedo y, a menudo, una llamada fallida a tiempo de las autoridades.

No es un dato frío, sino un recordatorio de que la violencia de género es un fenómeno estructural que se mantiene presente en las dinámicas familiares y sociales.

El informe deja claro, además, que las cifras varían de año en año y que cada año hay casos que marcan la diferencia en la lectura de la realidad.

En 2025, el estudio apunta 49 casos de violencia de género que terminaron en muerte de la mujer. Esa cifra, tomada junto con el total de la serie, permite hacer una lectura: si dividimos 1.342 entre 23, sale una media aproximada de unos 58 casos por año. 49 en 2025 está por debajo de esa media histórica, lo que no debe interpretarse como una mejora automática, sino como una señal para analizar qué factores pudieron influir en ese año concreto y qué se puede hacer para evitar que se repitan patrones similares.

Más allá del recuento, el informe describe perfiles y contextos que ayudan a entender dónde se concentran los riesgos. En líneas generales, la violencia de género se asocia con el entorno cercano y con vínculos de pareja o expareja, aunque existen variaciones regionales y por franjas de edad.

El documento también subraya la importancia de identificar señales de alerta y de activar mecanismos de protección y respuesta rápida, para que víctimas y familias cuenten con apoyo efectivo y coordinado entre Policía, Fiscalía y juzgados.

Para un lector que valora la seguridad, estas cifras tienen una lectura política: confirman la necesidad de políticas públicas claras y consistentes, centradas en la protección de las víctimas, la educación en valores de igualdad y la eficiencia del sistema judicial a la hora de actuar con rapidez ante indicios de peligro.

No se trata solo de contabilizar fallecimientos; se trata de evitar que esos casos se produzcan en primer lugar, fortaleciendo la prevención, la atención a víctimas y la disuasión mediante leyes y procedimientos que funcionen.

En resumen, este informe no es una simple memoria anual. Es una herramienta para entender la persistencia de un problema grave y para diseñar, con datos en la mano, las medidas que hagan que las cifras de 2026 sean mejores que las de 2025.

Si quieres leer el informe completo, puedes consultar la web del CGPJ, donde se facilita el acceso a las tablas, los gráficos y las notas técnicas que acompañan a estos números.

La lucha contra la violencia de género es una batalla larga, pero con cada dato nuevo se pueden afinar las políticas y, sobre todo, salvar vidas.