El Ayuntamiento de Zaragoza pondrá en marcha una segunda fase del Plan Especial de Inspección de Edificios con el objeto de garantizar la seguridad constructiva y la estabilidad estructural en el Casco Histórico.

Tras finalizar la primera fase, que se centró en las calles Mariano Cerezo, Ramón Pignatelli y José Zamoray, ahora se ampliará el programa a una zona de gran movimiento de peatones y de gran actividad comercial: El Tubo.

Así lo anunció el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, quien dijo que antes de empezar se informará al Consejo de Gerencia de Urbanismo para trasladar a todos los grupos municipales del Ayuntamiento.

El espacio elegido para la ampliación, explicó Serrano, no es solo un entramado de calles en el Casco Viejo, sino una de las señas de identidad cultural, turística y gastronómica de la ciudad.

Sus callejuelas estrechas y con historia, como Estébanes, Libertad, Cinegio y Cuatro de Agosto, concentran la vida social y funcionan como un imán para los visitantes.

En la zona hay una densidad hostelera muy alta: más de medio centenar de bares y restaurantes tradicionales, y calles como Estébanes pueden aglutinar casi veinte locales en apenas unos metros.

Este tránsito continuo de gente hace de El Tubo un motor económico y de ocio de Zaragoza, lo que endurece la necesidad de verificar y garantizar la seguridad estructural de los inmuebles, exigiendo a sus propietarios las mejoras que sean pertinentes.

El objetivo del nuevo plan es definir y programar las revisiones necesarias tanto en edificios como en solares. Se pretende exigir el cumplimiento de la conservación regulado por la Ordenanza Municipal, para eliminar en lo posible cualquier estado de inseguridad en las fincas.

El área de actuación abarca la manzana delimitada por Cinegio, Estébanes, Libertad y Cuatro de Agosto, y se prevé inspeccionar alrededor de 17 inmuebles y solares del centro.

La urgencia de actuar se fundamenta en avisos de emergencia recibidos durante 2025 procedentes, principalmente, del cuerpo de Bomberos, que pusieron de manifiesto un deficiente estado de conservación en varias fincas.

Las visitas iniciales desvelaron particularidades que complican la gestión urbanística de la zona, como antiguas bodegas que conectan fincas y estancias que se solapan entre distintas propiedades.

A raíz de estos hallazgos ya existen expedientes abiertos para fincas en Estébanes 12-14, Libertad 6 y 10, y Cuatro de Agosto 19.

Con la puesta en marcha de este plan, el Ayuntamiento quiere además responder a las demandas del sector hostelero. Los dueños de locales han señalado posibles otros espacios que requieren revisión o en los que han detectado incidencias y han mostrado voluntad de colaborar para mantener la seguridad y la calidad del área, que es clave para la ciudad.

METODOLOGÍA Y CALENDARIO

A diferencia de la primera fase, que revisó un volumen mayor de edificios en Zamoray-Pignatelli, esta segunda fase trabajará con un número más reducido de inmuebles para poder inspeccionarlos al completo.

Las revisiones serán en gran parte visuales y se centrará en el estado de los elementos estructurales y de las cubiertas, en las fachadas que dan a la vía pública y en las instalaciones de saneamiento.

El plan estima una duración de unas ocho semanas (dos meses). Cada pareja de técnicos visitará una vez a la semana, incluyendo solares y edificios ya con expedientes en curso. Al finalizar se emitirán informes técnicos que recogerán incidencias y derivarán en órdenes de ejecución.

Por ley, los propietarios son responsables de mantener y conservar sus edificios y de corregir las deficiencias detectadas. La Inspección Técnica de Edificios, la ITE, es obligación de los dueños y debe realizarse cada 50 años y, después, cada 10 años. Este marco legal se aplica de forma general a la ciudad y se complementa con las decisiones municipales en materia de inspección.

La experiencia de la primera fase, dedicada al entorno de Zamoray y Pignatelli y que abarcó 259 espacios (240 inmuebles y 19 solares), dejó un balance: 60 espacios estaban en perfecto estado, 168 presentaban patologías a resolver y 7 quedaron bajo providencia por riesgo grave.

Los problemas más frecuentes fueron humedades en casi la mitad de los inmuebles, fallos en las redes de saneamiento, daños en cubiertas y, en menor medida, presencia de xilófagos en algunas superficies.

Con ese diagnóstico, el Ayuntamiento siguió adelante con la segunda fase, apoyándose en un equipo municipal formado por cuatro técnicos arquitectos técnicos y dos arquitectos, con la colaboración de personal jurídico y administrativo, y con la coordinación de la Policía Local.

Serrano subrayó que antes de cada intervención se realiza una clasificación y revisión exhaustiva del estado de cada inmueble, y que el objetivo final es garantizar seguridad, habitabilidad y cumplimiento normativo.}