La consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha pedido al Gobierno de España activar un plan extraordinario con recursos para afrontar las consecuencias sociales derivadas del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Ejecutivo central.

A pocos días de que se cierre el plazo para presentar solicitudes, que vence el 30 de junio, Orós advierte de que la finalización de la fase administrativa no resolverá todos los problemas asociados.

Explica que entregar la documentación no garantiza la autonomía económica, laboral ni residencial de las personas beneficiarias; seguirán necesitando apoyo para encontrar empleo, vivienda e integrarse socialmente.

Las estimaciones sitúan entre 12.000 y 15.000 personas que podrían acogerse a este proceso en Zaragoza. Además de los 4.035 informes de vulnerabilidad emitidos por el Ayuntamiento, varias entidades sociales han participado en la tramitación; otras personas accederán a la regularización a través de vías como el empleo o el arraigo familiar.

1.200 nuevos usuarios se incorporarán a los servicios sociales. Orós ha alertado del impacto sobre la red municipal de servicios sociales. Si solo 4.035 personas tienen informes, 1.200 nuevos usuarios pasarán a ser atendidos. Muchas de estas personas no estaban en las bases de datos de los centros municipales y ahora dependerán de recursos municipales.

Por ello, el Ayuntamiento reclama al Gobierno recursos extraordinarios y programas específicos para atender las necesidades derivadas de este proceso y evitar que toda la presión recaiga sobre las administraciones locales.

300 personas acogidas en programas estatales de protección internacional podrían perder su alojamiento y acompañamiento una vez regularizada su situación.

Orós remitió una carta al delegado del Gobierno en Aragón solicitando garantizar la continuidad de estas personas en los recursos habitacionales y en los itinerarios de acompañamiento social, formativo y laboral que desarrollan.

Con residencia o permiso de trabajo, muchos siguen encontrando dificultades para acceder al empleo, acreditar competencias o encontrar vivienda. Por eso se solicita que el Gobierno garantice su permanencia en estos programas hasta que puedan vivir de forma autónoma.

Balance de la primera fase: Orós considera que fue opaca, improvisada, sin planificación ni memoria económica, sin información y sin colaboración institucional.

El Ayuntamiento ya había advertido de los posibles problemas. Sin embargo, destaca la labor de los trabajadores municipales que han facilitado la tramitación y la centralización de informes de vulnerabilidad en la Casa de las Culturas, la cita previa mediante la línea 900 y la sincronización de los sistemas de gestión para agilizar los trámites.

Para hacer frente a este proceso, el Ayuntamiento ha reforzado personal y recursos en servicios como la Casa de las Culturas, el Padrón y la Policía Local.

Solo el coste en personal de Políticas Sociales superó los 150.000 euros, a lo que habrá que sumar otros gastos. El Gobierno de Zaragoza recuerda que el Consejo de Estado ya advirtió de que este proceso generaría costes; la realidad, dicen, lo demuestra.

Orós subraya que la inmigración puede ser una oportunidad cuando se gestiona adecuadamente: planificada, integrada en el empleo y la inclusión, y con coordinación entre administraciones y recursos suficientes.

Lamenta que este proceso se haya gestionado de forma distinta y que sus efectos se notarán en los próximos meses.