La Justicia de Aragón ha respaldado la forma en que el Ayuntamiento de Zaragoza gestionó los trámites para migrantes que necesitaban informes de vulnerabilidad y empadronamiento para poder regularizar su situación dentro del procedimiento extraordinario puesto en marcha por el Gobierno de España.

En su resolución, la sala archiva la queja presentada por el Grupo Municipal Socialista en mayo, al entender que el procedimiento se ha desarrollado con normalidad y que no se ha recibido ninguna reclamación adicional sobre este asunto.

El escrito de la Justicia recuerda que la queja surgió en los momentos iniciales del proceso, cuando se produjo cierta aglomeración de personas que esperaban ser atendidas.

Este fenómeno no solo ocurrió en Zaragoza, sino también en otras administraciones y en otros territorios del país.

La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, subrayó que la resolución corrobora lo que el Ayuntamiento advirtió desde el primer momento: que un plan de estas características no podía ponerse en marcha sin coordinación con los ayuntamientos y sin información suficiente para las administraciones que deben atender a los ciudadanos.

«Avisamos ya en febrero de que un proceso de esta magnitud no podía ponerse en marcha sin coordinación con los ayuntamientos ni información suficiente para las administraciones que debíamos atender a los ciudadanos.

Lamentablemente, los primeros días estuvieron marcados por el caos, la incertidumbre y la falta de instrucciones claras.»

Orós recordó que el Ayuntamiento tuvo que montar en tiempo récord un dispositivo específico para responder a una demanda extraordinaria de trámites sin haber recibido apoyo, recursos ni directrices por parte del Gobierno de España.

«Lejos de bloquear el procedimiento, como se nos acusó injustamente, realizamos un enorme esfuerzo para garantizar la atención a todas las personas que necesitaban realizar estos trámites, pese a la ausencia de coordinación institucional».

La Administración municipal insiste en reclamar al Ejecutivo central que asuma los costes de este procedimiento y en la necesidad de evaluar el impacto que tendrá en los próximos meses la incorporación de cientos de miles de personas al sistema administrativo y social.

En este sentido, Marian Orós ha pedido una mayor implicación de Madrid en la planificación y financiación de las políticas vinculadas a la atención social y administrativa derivadas de este proceso.

«Ahora empieza una nueva fase y es imprescindible conocer cuál será el impacto real sobre los servicios públicos para poder garantizar una atención adecuada y sostenible», concluyó.

Este caso se sitúa en un marco más amplio de debate sobre migración y la capacidad de las administraciones para gestionar procesos complejos de regularización.

Aunque la resolución judicial tranquiliza a gente que veía posibles irregularidades, el Ayuntamiento advierte de la necesidad de evitar la repetición de descoordinaciones en el futuro.

La consecuencia práctica para Zaragoza es que, por ahora, la Justicia respalda la forma de actuar del Ayuntamiento, pero establece que habrá que vigilar de cerca el peso que tendrán estos procesos en los servicios municipales.

Y ahí está el foco: qué coste asume el Estado y cómo se planifican los siguientes meses para que servicios como atención social, empadronamiento y trámites administrativos no se desborden.

Este texto refleja un momento de tensión entre lo local y lo central, con la administración local defendiendo su capacidad de respuesta ante una demanda extraordinaria y reclamando un marco claro de recursos.

En resumen, la decisión judicial niega irregularidades y recalca la necesidad de coordinación y recursos para evitar repeticiones en el futuro.