Este viernes, el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla, gestionado por Emvisesa, celebró ante notario un sorteo público para ordenar el proceso de adjudicación de 24 viviendas protegidas en alquiler en la promoción Residencial Tejares-Triana.

La convocatoria se reparte en cuatro cupos: 19 viviendas para el cupo general, 1 para víctimas de violencia de género con medidas en vigor, 2 para personas con movilidad reducida y 2 para familias numerosas.

Esta iniciativa forma parte del impulso a la vivienda protegida que está llevando a cabo el equipo de gobierno del alcalde José Luis Sanz, y ha permitido aumentar el número de viviendas de protección oficial en Sevilla de 4605 a 6134.

Entre las cifras totales, 2202 viviendas corresponden a promociones de Emvisesa. De ese total, 346 viviendas ya han sido entregadas, 1 163 están en construcción, varias se encuentran en licitación y 691 han sido adjudicadas en la primera fase de Fibes.

El sorteo de hoy se llevó a cabo mediante un sistema informático, respaldado por un notario, que garantiza transparencia y trazabilidad. A cada solicitante se le había asignado previamente un número aleatorio y, durante el proceso, el programa extrajo un número al azar por cada cupo.

Ese número pasa a convertirse en el primero del orden de prelación y, a partir de él, el resto de solicitudes se ordena de forma ascendente hasta agotar las viviendas disponibles en cada grupo.

Los números de inicio extraídos han sido: 3236 para el cupo general, sobre un total de 11 889 solicitudes válidas; 233 para víctimas de violencia de género con medidas en vigor, sobre 244 solicitudes; 145 para personas con movilidad reducida y necesidad de vivienda adaptada, sobre 402 solicitudes; y 69 para familias numerosas, sobre 851 solicitudes válidas.

Desde Emvisesa se insiste en que el sorteo no equivale a una adjudicación automática, sino que fija el orden en el que se estudiarán las solicitudes.

Queda en manos de los servicios municipales verificar que cada aspirante cumpla todos los requisitos de la convocatoria y de la normativa de vivienda protegida.

Si alguno no reúne las condiciones, se continuará con la siguiente persona de la lista, siguiendo el orden que resulta del sorteo, hasta completar las 24 viviendas.

Este procedimiento se enmarca en una estrategia que ha buscado equilibrar la demanda creciente de vivienda con la oferta disponible en la ciudad. En Sevilla, la vivienda protegida ha sido objeto de intensas discusiones entre administraciones y vecinos durante años, especialmente por el incremento de la demanda de alquiler asequible entre jóvenes, parejas y familias de ingresos medios.

A lo largo de la última década, Emvisesa ha cambiado su papel desde meramente gestionar alquileres a impulsar promociones completas de viviendas protegidas, con especial atención a colectivos con necesidades específicas como víctimas de violencia, personas con movilidad reducida y familias numerosas.

Este avance se ha visto favorecido por políticas municipales que priorizan la construcción de vivienda social, la rehabilitación de áreas urbanas y, en algunas ocasiones, acuerdos de cooperación con la Junta de Andalucía.

Aunque las cifras pueden variar, el objetivo central es claro: ampliar el parque de VPO, ordenar de forma transparente las demandas y asegurar que quienes cumplen las condiciones puedan acceder a una vivienda protegida en el menor tiempo posible.

En resumen, el sorteo de Tejares-Triana establece el marco de trabajo para la siguiente fase: los aspirantes primeros de cada cupo deberán acreditar su elegibilidad; si se cumplen todos los requisitos, podrían pasar a la adjudicación, mientras que quienes no los acrediten serán sustituidos por la siguiente persona de la lista, siempre respetando el orden generado por el sorteo.

Este mecanismo, común en procesos de vivienda pública, busca evitar favoritismos y garantizar que la distribución de las 24 viviendas se realice de forma estricta y verificable.

En la práctica, después de este sorteo, ya se inicia la segunda etapa administrativa: la verificación de documentación, la comprobación de ingresos, de empadronamiento, de la situación familiar y de cualquier requisito específico de la convocatoria.

El objetivo final es que la adjudicación se ajuste a la normativa vigente y a las necesidades reales de la población que más lo necesita.