En la ciudad de Sevilla, las noticias relacionadas con la política de vivienda están marcando un antes y un después en la vida urbana y en el acceso a una vivienda digna para sus habitantes.

El alcalde José Luis Sanz ha declarado recientemente que la ciudad está transformándose de un lugar donde las promesas de cambio quedaban en palabras, a un ejemplo tangible de acción real y concreta.

Este cambio es especialmente visible en el barrio de Palmas Altas, donde en menos de un año se han iniciado 14 proyectos constructivos, incluyendo la edificación de 137 viviendas destinadas al alquiler.

Actualmente, Palmas Altas cuenta con un total de 2.870 viviendas, de las cuales aproximadamente 1.232 —el 43%— son viviendas protegidas, gestionadas en su mayoría por EMVISESA, la empresa municipal de vivienda. De estas, el 75% se destina al alquiler y el 25% a la venta. Con una población estimada de unas 7.000 personas que pronto vivirán en estas áreas, Sevilla continúa construyendo nuevos barrios y fortaleciendo su estructura urbana.

El esfuerzo del consistorio sevillano no se limita a Palmas Altas. En total, se están promoviendo 23 proyectos de vivienda repartidos por toda la ciudad. El plan actual contempla la construcción de 4.600 unidades protegidas, de las cuales 2.200 son gestionadas por EMVISESA, y otras 2.400 en colaboración con el sector público y privado. En estos momentos, Sevilla tiene en marcha o en proceso de entrega aproximadamente 2.700 viviendas, incluyendo obras adjudicadas y en construcción, acercándose a las cifras de otras grandes urbes como Madrid, que en su día planeó 7.400 viviendas protegidas, o Barcelona con 3.300.

El Ayuntamiento ha destinado una inversión cercana a 150 millones de euros para impulsar este ambicioso proyecto. Además, ha puesto a disposición espacios de la Gerencia Municipal de Urbanismo y ha aplicado bonificaciones fiscales que reducen en un 95% los impuestos municipales, como el IBI, en las viviendas de alquiler, y similares porcentajes en otros impuestos como el ICIO y el impuesto de venta.

Estas medidas buscan acelerar y facilitar la construcción y adquisición de vivienda protegida en Sevilla.

No obstante, desde el gobierno central también se podrían tomar medidas más ambiciosas para reducir los costes de la vivienda protegida. Se podrían bajar los impuestos a estas viviendas hasta en un 30% y reactivar ayudas para el pago de hipotecas o la compra de viviendas protegidas, políticas que estuvieron vigentes en el pasado y que serían fundamentales para mejorar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes.

La recuperación de estas subvenciones fiscales y ayudas sería un paso importante para incrementar la oferta y reducir los precios en una ciudad que, como muchas otras en el país, enfrenta una problemática de accesibilidad a la vivienda.

Es importante recordar que estas acciones no son nuevas en la historia de Sevilla. Por ejemplo, la promoción de 948 viviendas en el entorno de Artillería fue anunciada en 2008 por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pero tras 17 años aún no se ha materializado.

En cambio, los avances en Palmas Altas reflejan un compromiso real del Ayuntamiento, que en solo 13 meses ha logrado colocar la primera piedra y avanzar con la construcción de viviendas.

La inauguración de esas primeras viviendas en Palmas Altas está prevista para el 27 de junio de 2024.

El objetivo del consistorio sevillano es claro: incrementar la oferta de vivienda protegida, bajar los precios y evitar que los jóvenes se vean obligados a abandonar la ciudad en busca de oportunidades en municipios del Área Metropolitana.

La apuesta por el urbanismo y el desarrollo residencial va de la mano de una estrategia que busca convertir Sevilla en ejemplo y referencia en políticas de vivienda en toda Andalucía y España.

Sevilla, por tanto, da pasos firmes para transformar su imagen y ofrecer soluciones habitacionales duraderas. Las inversiones y las políticas municipales centradas en la construcción de viviendas protegidas sitúan a la ciudad en una posición de liderazgo en la región, alentando que otros municipios sigan su ejemplo y apuesten por el bienestar de sus ciudadanos a través de soluciones concretas y sostenibles a la problemática del acceso a la vivienda.