El Pleno aprueba la modificación del PGOU para incluir la Capilla del Carmen en el Catálogo Periférico, y se avanza en entornos BIC y en nuevas ayudas para restauración de conventos e iglesias.
En Sevilla, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado de forma inicial la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para incorporar la Capilla del Carmen, situada en la barriada de Elcano, al Catálogo Periférico del PGOU con el objetivo de proteger sus valores arquitectónicos, artísticos y etnológicos.
Esta pequeña pero emblemática capilla, conocida también por su pasado como parroquia de Nuestra Señora del Mar, forma parte del proyecto original de Elcano, construido en 1949 por el arquitecto José Galnares Sagastizábal para las viviendas de los obreros de la Empresa Nacional Elcano, que luego serían Astilleros de Sevilla.
Su presencia ha acompañado al barrio prácticamente desde su nacimiento y, pese a los cambios de los años, ha conservado gran parte de su aspecto exterior y de su decoración interior.
Entre sus rasgos destacan la estructura de tres naves y la cubierta de madera, con una réplica de un galeón suspendida que cuelga del techo; una espadaña de doble cuerpo corona la capilla, y en la fachada figura una portada de medio punto con un retablo cerámico de la Virgen del Carmen.
En la cabecera, los frescos que evocan temas marineros, realizados por Juan Miguel Sánchez, podrían ser considerados el elemento más valioso del edificio dentro del panorama artístico sevillano de la primera mitad del siglo XX.
Por ello, la modificación puntual del PGOU busca proteger todos los elementos que componen la capilla: fachada, estructura interior, cubierta y decoración mural, y se codificará todo en la ficha de Catálogo con un nivel de protección parcial, grado C.
Además, el Ayuntamiento subraya que ya posee competencias para autorizar obras en entornos de Bienes de Interés Cultural (BIC) dentro del Conjunto Histórico.
Tras la aprobación definitiva de la norma y su publicación en el BOJA, Sevilla podrá tramitar licencias y aprobar actuaciones en estos entornos, con la salvedad de las demoliciones que afecten a inmuebles integrados en el entorno de BIC.
En concreto, se contemplan 79 entornos de BIC repartidos por sectores como San Gil-alameda, San Luis, Santa Paula-Santa Lucía, San Bartolomé, San Lorenzo-San Vicente, Los Humeros, Macarena, San Bernardo, Arenal, Plaza de Armas, Triana, San Julián-Cruz Roja, Trinidad, Prado de San Sebastián, El Porvenir, La Palmera, Histórico y Puerto, entre otros.
En paralelo, el Pleno aprobó de forma definitiva unas nuevas bases reguladoras para las ayudas de restauración y rehabilitación de conventos e iglesias en la ciudad.
Las subvenciones pasarán a ser plurianuales, se concederán en régimen de concurrencia y se incrementa la partida destinada a estas intervenciones, que asciende a 1.106.454 euros en total. Podrán acceder entidades sin ánimo de lucro propietarias o usufructuarias de edificios singulares en Sevilla. En los últimos dos años, el Ayuntamiento ha invertido más de 500.000 euros en este tipo de actuaciones, en proyectos como Sevilla Oculta, orientado a preservar conventos de clausura femeninos y a integrarlos como parte viva de la identidad de la ciudad.
Casos como el convento de Santa Inés, la Capilla del Correo Mayor del convento Madre de Dios o iglesias como San Gregorio y San Nicolás de Bari ya muestran resultados visibles.
El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, recordó que la finalidad es cuidar el patrimonio para las futuras generaciones y mantener vivos estos espacios.
Asimismo, el Pleno aprobó la Ordenanza que regula la prestación de servicios en instalaciones de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA) situadas en dominio público, como los aseos de la Plaza de España o la biciestación de San Bernardo.
Las tarifas que aplica la normativa actual se fijarán en la ordenanza municipal: 0,70 euros por uso de los aseos de la Plaza de España; y en la biciestación de San Bernardo, el primer día es gratuito y, a partir de las 24 horas, se cobra 0,10 euros por hora.
Estas tarifas pretenden cubrir gastos de limpieza y mantenimiento y no funcionan como un recaudatorio, según el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, quien añadió que la norma regula estas tasas conforme a la ley y evita lagunas legales heredadas de gestiones anteriores.